Las incongruencias de la Corte
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Ene 23, 2015 |
20:56
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Común y Corriente
Rubén Martín
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México es un polvorín social derivado de las resistencias contra los despojos que se pretenden imponer o se han consumado en contra de miles de pueblos, comunidades, barrios y colectivos por todo el país.

La intensificación de la acumulación de capital mediante el despojo de territorios, bienes comunes, recursos y modos de reproducción de la vida ha generado un periodo de intensificación de resistencias sociales en contra de los megaproyectos de infraestructura promovidos por gobiernos, como presas, carreteras, aeropuertos, privatizaciones o contra proyectos de inversión privada en minerías, negocios turísticos, agrícolas, inmobiliarios y otros.

Los conflictos sociales derivados de esta acumulación por despojo fueron creciendo a lo largo de los años; la mayoría de las veces los sujetos en resistencias utilizaban tanto las protestas públicas como la defensa jurídica.

Los tribunales del país se fueron llenando de recursos que distintos colectivos promovieron como medios de defensa ante los despojos. Pero la mayor parte de las veces la justicia ha fallado a favor de los gobiernos y de los actores privados.

Por eso pareció pertinente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elaborara un Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, publicado apenas en diciembre.

En el documento se reconoce la enorme riqueza natural y biológica del país y que “si bien es cierto que desde el siglo XV, la naturaleza del continente americano (incluyendo la mexicana con su gran variedad en minerales, energéticos, recursos forestales, costas, tierras, etc.) se incorporó a la lógica de generación y acumulación de riqueza”, los redactores del texto firmado por la SCJN admiten que hay un “notable incremento de los procesos de uso, aprovechamiento y explotación de la riqueza natural que están teniendo lugar durante los últimos años”, que muchos autores denominan extractivismo y otros acumulación por despojo.

Pero justo en los mismos días que se hace público este protocolo de la SCJN para todos los juzgadores del país, los ministros de la Corte avalaron un megaproyecto de infraestructura, el Acueducto Independencia en Sonora, que es resistido y cuestionado por la tribu yaqui y por otros sectores rurales sonorenses.

El miércoles 21 de enero, ministros de la primera sala de la SCJN resolvieron en contra las controversias constitucionales interpuestas por los gobiernos municipales de Ignacio Río Muerto y Cajeme en contra de la construcción y operación del mencionado acueducto que implica un trasvase de agua de territorios de la tribu yaqui y productores de la región, para llevarla a Hermosillo, favoreciendo los procesos de acumulación de capital en la industria automotriz, refresquera e inmobiliaria, según han denunciado dirigentes yaquis. De hecho, es justamente por oponerse a este trasvase y la defensa de su territorio que se encuentran encarcelados Mario Luna y Fernando Jiménez, dirigentes yaquis. Esta acción de incongruencia de la Corte, que emite un protocolo para considerar los derechos de los sujetos despojados, y por otro lado avala los procesos de despojo revela la incongruencia de la SCJN no hace sino confirmar que el aparato de justicia está al servicio, como históricamente ha estado, de los despojadores.

Twitter: @rmartinmar

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