Chorreando corrupción
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Feb 11, 2015 |
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Común y Corriente
Rubén Martín
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Para el gobierno Enrique Peña Nieto nunca ha sido una prioridad el combate a fondo de la corrupción.

Tal vez algunos ilusos creyeron que la detención de antes poderosa cacique del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo Morales, sería el arranque de una consistente campaña contra políticos y servidores públicos implicados en corrupción. Ya se vio que no fue así, de otro modo, Gordillo no habría sido la única sino la primera de entre una buena cantidad de dirigentes sindicales, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, secretarios y ex presidentes que deberían estar en la cárcel.

Por eso ahora que Peña Nieto anuncia la resurrección de la secretaría de la Función Pública, y designa a nuevo titular con la encomienda de investigarlo a él, a su esposa Angélica Rivera y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray por posible conflicto de intereses en la adquisición de viviendas a un grupo empresarial (Higa del empresario Luis Armando Hinojosa Cantú) que se ha beneficiado de contratos gubernamentales, uno no puede más que manifestar total escepticismo.

Aunque fue una de sus promesas de campaña, Peña Nieto subordinó el combate a la corrupción a su agenda de leyes destinadas a promover las inversiones privadas.

Si ahora parece que es prioridad en su gobierno se debe a que le ha estallado en la cara, como le estalló el caso Ayotzinapa. El supuesto combate a la corrupción es un tema reactivo que se coló en la agenda de temas del gobierno peñista.

Y las medidas anunciadas hasta ahora son tan tímidas y de corto alcance que desde ahora podemos imaginar las conclusiones a las que llegará el nuevo titular de la Función Pública: Virgilio Andrade concluirá que ni Peña Nieto, ni su esposa, ni el titular de Hacienda incurrieron en conflicto de intereses porque en el momento que adquirieron las casas al grupo Higa, no existía legislación al respecto, pero como es un asunto que genera dudas, va a recomendar la elaboración de normas y leyes para tipificar y sancionar posibles casos de conflictos de intereses... en el futuro.

De nada valdrán las normas que se puedan expedir, porque la corrupción no es un asunto anecdótico que se resuelva resucitando a la secretaría de la Función Pública; la corrupción es una actividad sistémica y para corroborarlo están los casos que saltan uno tras otro en todos los gobiernos y partidos: las casas del ex gobernador priista de Oaxaca, José Murat adquiridas en Estados Unidos apenas días antes de terminar su mandato; el escándalo de los moches al interior de Acción Nacional, así como la participación de funcionarios federales panistas en permisos irregulares para el funcionamiento de casinos.

En el PRD, varios ediles son protagonistas de casos bochornosos de corrupción: José Luis Abarca (Iguala), José Luis Valencia (Iztapalapa), José Ricardo Gallardo Cardona (Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí), entre otros.

Todo el régimen está chorreando corrupción, y no podemos esperar que la misma clase política (de todos los partidos) que se beneficia de esta actividad vaya a tomar las medidas necesarias para combatirla y erradicarla.

@rmartinmar

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