Mientras la SCT de Juan Molinar Horcasitas trabaja a marchas forzadas para lograr la meta del gobierno federal de invertir 225,000 millones de dólares en infraestructura durante el sexenio de Felipe Calderón; la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de Alejandro Chacón, cerró el año con una caída del 13.2% en comparación con 2008, en lo que a movimiento de contendores en los puertos nacionales se refiere.

Por si eso no fuera suficiente, el coordinador comenzó este 2010 con la inconformidad del consorcio Grupo México sobre su escritorio, debido a las anomalías detectadas en la asignación de la Terminal II de Manzanillo a la empresa filipina International Container Terminal Services (ICTS).
Consecuencia de que la API de Manzanillo, a cargo de Julián Dip Leos y Alejandro Chacón omitieron durante el proceso varios aspectos técnicos y económicos que descalificarían al grupo filipino, tal como ocurrió con los otros semifinalistas: SSA México de Gene Smith y OCUPA de Alberto Lara.
Molinar Horcasitas está al tanto de la situación y sabe de la gravedad de la decisión tomada en el puerto de Manzanillo, de hecho conoce las diversas versiones de especialistas del sector que afirman que el proyecto no sería redituable, ya que no existen condiciones de certidumbre económica y financiera en el concurso.
Lo anterior debido a que las condiciones que privaron hasta el año 2008 en las rutas transpacíficas y que permitieron un crecimiento constante del puerto en el manejo de carga contenerizada, a ritmos de dos dígitos anualmente (30% entre 1995-2003; 43% 2005-2006; y 14% 2004-2008), no está previsto que se presenten en los siguientes años.
De acuerdo con la SCT, la construcción y equipamiento de la nueva terminal requerirá de una inversión cercana a los 7 mil 300 millones de pesos y tendrá una capacidad para manejar alrededor de 2 millones de contenedores al año, en una superficie terrestre de 72.42 hectáreas y 5.4 hectáreas de zona marítima.