Si la lucha tiene éxito, significará el cierre de cientos de empresas y destruirá miles de empleos. Entre más exitoso, más daño provocará. Ésta es la paradoja.

México perderá en el corto plazo como consecuencia del combate al lavado de dinero. Si esta lucha tiene éxito, significará el cierre de cientos de empresas y destruirá miles de empleos. Entre más exitoso, más daño provocará. Ésta es la paradoja. Son 25,000 millones de dólares los que se blanquean cada año.

Esta cifra corresponde a lo que los expertos llaman Producto Criminal Bruto.

En nuestro país es equiparable a las remesas y mayor que la Inversión Extranjera Directa o el PIB de sectores como el minero y de construcción.

¿Cómo se repondrán los empleos perdidos y la riqueza destruida? La iniciativa presidencial no aborda el tema. Es imprescindible contar con una respuesta que tenga forma de política económica o social. No sabemos cuántas personas trabajan en empresas que lavan dinero, pero sí podemos decir que México tiene 2 millones 688,507 desempleados y una alta mortandad de empresas: ocho de cada 10 Pymes cierran antes de cumplir dos años.

¿Combatir o tolerar el lavado de dinero? Parece que estamos ante una disyuntiva, pero no hay tal. En primer lugar, porque nuestro país ha firmado acuerdos internacionales que nos obligan al combate. Si esto no bastara, hay un asunto de fondo: las bandas criminales han ganado fuerza e influencia porque su poder financiero está intacto y en ascenso. Los 25,000 millones que se lavan cada año les permiten acceder a consejos de administración, ganar influencia política y labrar una reputación de benefactores sociales.
El combate al blanqueo nos costará mucho en el corto plazo, pero será un buen negocio a la larga. Tan bueno como extirpar el tumor de un órgano vital.

Las inversiones non sanctas provocan inflación y competencia desleal en los sectores donde participan. No hay forma de competir contra alguien que tiene costo financiero cercano a cero y poca presión para generar una tasa de retorno razonable. El uso de dinero sucio en política permite a los criminales acceder a información estratégica y participar en decisiones donde no deberían estar. El lavado de imagen no es un tema menor. Hay lugares en los que los criminales tienen más apoyo social que aquellos que representan la ley.

¿Cómo tener éxito en este combate? No hay recetas, pero la experiencia internacional nos ofrece algunas pistas. En primer lugar, hay que tomar el tema en serio. El Presupuesto 2011 debe reflejar que la lucha contra el lavado es prioritaria. Los recursos otorgados a la Unidad de Inteligencia Financiera han sido raquíticos. En el 2010 fueron 48 millones de pesos. Una cuarta parte del gasto de Hacienda en Comunicación Social.

La administración de los bienes enajenados es una asignatura pendiente, en transparencia y reconversión productiva. Mejorar la información del SAE otorgará credibilidad a la lucha. La reconversión reducirá las pérdidas de empleos y fuentes de trabajo. Países como Costa Rica han puesto a producir fábricas incautadas y ponen etiquetas a los productos del tipo: “Este dulce fue producido en la fábrica XXX, incautada a grupos criminales”.

La iniciativa presidencial nos obligará a todos a colaborar activamente en la detección de prestanombres. Hay riesgos. No será fácil ni barato. Esta batalla nos costará mucho en el corto plazo, pero será un buen negocio. Tan bueno como terminar con una relación masoquista.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx