Realmente este proceso de puesta a trabajar del espectro radioeléctrico por el que viajan nuestras comunicaciones celulares (voz, mensajes cortos, mensajería instantánea, datos, imágenes, sonidos aplicaciones otras descargas, etcétera) ha derivado en un ejercicio desgastante e innecesariamente confuso.

Sorprende entonces esa simulación y pretendida confusión de roles que ahora articula el operador dominante, dominante por cierto en cuanto a tenencia de espectro y consecuentemente a su peso en el mercado de servicios finales. Destaco el hecho de que los procesos litigiosos promovidos por las empresas que sienten que se favorecerían de bloquear la entrada de más competencia están referidos a ambas licitaciones, a la número 20 y 21.

Para empezar, los términos para las licitaciones que fueron largamente discutidos por diversas instancias gubernamentales: la Cofetel, la SCT, la SHCP e el Indaabin en lo relativo a los precios mínimos por pagar, la CFC para la evaluación de impacto en la competencia y la consecuente determinación del tope de espectro para evitar la acumulación excesiva del mismo recurso escaso y esencial. En primer lugar, es casi de risa la confusión de roles en esas empresas que en su búsqueda por bloquear los lleva a adoptar un discurso como si fueran la misma Secretaría de Hacienda.

Olvidan que fue la misma autoridad fiscal la que determinó los montos mínimos por pagar en este conveniente mecanismo de licitación (subasta), mismos que han sido cubiertos más que satisfactoriamente en su ejecución, resultando en un pago total de 8,225 millones de pesos, que equivale a un múltiplo de 11.4 veces el monto mínimo establecido por Hacienda.

Todo ello aún sin considerar el flujo de pagos anuales por el tiempo que dure la concesión (20 años) que; además, se deriva en ingresos resultado de la escalera fiscal generada por la producción y servicios de telecomunicaciones, como son el IVA, el ISR, el IEPS, el IETU, Infonavit, entre otros. Entonces, cabe preguntar ¿también planean demandar a la autoridad económica y fiscal del país?

En segundo lugar y nada despreciable es el hecho que esas bases largamente anunciadas fueron firmadas y aprobadas por todos los participantes del proceso, dominantes y nuevos competidores. Así que la reacción anticompetitiva que se ha generado ex-post, no tiene fundamento, dada su previa aceptación formal.

Todas las empresas están en el justo derecho de maximizar sus flujos intertemporales de ingresos.

El problema para los usuarios y para el país en su conjunto viene de que esa maximización resulte de la especulación, el bloqueo del avance regulatorio y de la promoción de la competencia efectiva y, con todo ello, el daño y perjuicio a todos nosotros, los ya 86.6 millones de usuarios que pagamos caro, malo y escaso. Ni qué decir de los 22 millones de mexicanos aún sin acceso a los servicios móviles -de los 108 millones que habitamos el país-, que ni siquiera alcanzan a entrar a este mercado.

Conviene entonces reiterar la pregunta: ¿qué intereses individuales o de grupo pueden justificar el bloqueo de los necesarios efectos positivos sobre el bienestar social y desarrollo nacional, así como en el consumidor, el fisco, la industria, la competencia, la productividad y la competitividad, entre muchos otros?

Con todo, es claro que el peor escenario para el país entero sería detener esta adjudicación, en donde de por sí la demora en su concreción ya es una pésima señal de atraso por parte de los reguladores.