Tarde pero seguro.

Transparencia Mexicana emitió su opinión en torno de la controvertida licitación 21.

Encontró que los más de 50 concursos incluidos en la licitación 21 se realizaron apegados a derecho.

No es una opinión vinculante, pero sí es una opinión con un peso muy importante por tratarse de un testigo social con sobrada solvencia moral.

Transparencia Mexicana revisó todas y cada una de las etapas de la licitación 21.

Para empezar, determina que el proceso fue considerado por la comisión antimonopolios como un esfuerzo para incentivar la competencia para bajar los precios de las tarifas y promover la introducción de más servicios.

Refiere que las bases de licitación fueron claras y congruentes con los objetivos planteados en dicho documento y que los participantes tuvieron acceso a la documentación presentada por los interesados en participar en la licitación.

Es poco probable que se atiendan, por la opinión pública, los comentarios de Transparencia Mexicana, porque lo usual es que tengan mayor impacto las informaciones escandalosas, pero resulta interesante que desmiente prácticamente todas las falsedades publicadas hasta ahora.

Por ejemplo, dice que Maxcom Telecomunicaciones quedó fuera de la licitación por entregar la documentación fuera de plazo, en contra de otras versiones interesadas; que VDT Comunicaciones no cumplió con los requisitos; Avantel Infraestructura no recibió constancia de acreditación en lo referente a criterios no económicos por no cumplir con lo establecido y Megacable obtuvo constancia de calificación, pero se retiró voluntariamente.

Por eso es que -advierte TM- VDT Comunicaciones, Avantel Infraestructura y Megacable no avanzaron a la etapa de presentación de propuestas económicas, el único participante que estaba en posibilidad de presentar propuestas para los concursos nacionales fue el consorcio Nextel-Televisa.

Con ello se desmiente que se haya favorecido a Televisa.

El escándalo mediático ha sido tal que incluso logró tirar la alianza anunciada entre Nextel y Televisa.

Lo que encontró Transparencia Mexicana es sin duda muy importante, lástima que no tenga ninguna incidencia de peso frente a los innumerables amparos que se han interpuesto en contra de la licitación 21.

Se han dicho tantas falsedades o verdades a medias en torno de ésta, que sin duda está totalmente desacreditada.

¿Tortillazo anunciado?

Es la historia de una colusión anunciada.

El dirigente de la Unión Nacional de Tortillas y Molineros de México, Lorenzo Mejía Morales, anunció públicamente que recomendaría a los propietarios de tortillerías que aumenten el precio de ese alimento básico de 8 pesos el kilogramo a 12 pesos.

Para la comisión antimonopolios, que preside Eduardo Pérez Motta, la recomendación de aumento de precio podría configurarse como un acto de colusión o acartelamiento.

De hecho, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Federal de Competencia inició una investigación de oficio para determinar si se concreta o no el acuerdo para incrementar el precio.

En caso de que se compruebe el aumento, la comisión antimonopolios podría aplicar una fuerte sanción a la organización de tortilleros.

El máximo castigo económico que se le puede aplicar asciende a 80 millones de pesos, aunque todavía depende de la capacidad económica de la propia organización y del daño económico provocado.

La CFC trae entre ojos al gremio de los tortilleros, pues los viene investigando desde hace tiempo. Incluso ha venido pugnando para que los municipios del país cambien su legislación y permitan el libre establecimiento de tortillerías para que se genere una auténtica competencia.

Por otra parte, la comisión antimonopolios ya tiene varios antecedentes de sanción a diferentes organizaciones que han cometido el error de anunciar o conminar públicamente a sus agremiados a elevar precios y tarifas.

Ahí están los casos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el gremio de los anestesiólogos y los profesionales de los bienes inmuebles (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarias).

Desde la Secretaría de Economía, la subsecretaria de Industria, Lorenza Martínez, mostró firmeza de carácter y amplio conocimiento del tema, pero sin caer en extremos.

Martínez -hay que recordarlo- es una de las candidatas para convertirse en subgobernadora del Banco de México.
El escándalo mediático, provocado por el anuncio, obligó al secretario de Economía, Bruno Ferrari, a advertir que se castigará con fuerza a los especuladores.

El precio de la tortilla, hay que decirlo, no es un precio controlado, pero lo que no pueden ni deben permitir las autoridades es el acartelamiento de los productores.

CUENTOS VERAS

Las tasas de interés deberían de bajar para desincentivar la entrada de capitales golondrinos a México y evitar una mayor apreciación en el tipo de cambio del peso frente al dólar, afirma el presidente del Comité de Estrategia del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González.

marcomares@eleconomista.com.mx