Mexicana de Aviación está en una dinámica que no puede considerarse más que como una gran mentira.

Pero esta gran mentira no podrá convertirse en realidad, aunque se repita 1 millón de veces; lo que se necesita para que se haga realidad son 250 millones de dólares que, como mínimo, se requieren para el pago de acreedores, más lo que se requiera para reiniciar operaciones.

Compra-venta, 
acto mediático

El viernes pasado, el juez Felipe Consuelo volvió a orquestar un gran acto mediático para hacer creer que, ahora sí, Mexicana de Aviación se vendió.

Ese día se informó que, finalmente, se había llegado a un acuerdo mediante el cual Tenedora K transfirió 95% del capital accionario de Mexicana de Aviación al grupo Med Atlántica. Incluso, en un comunicado de Mexicana de Aviación se afirmó que la operación se había cerrado en 9 millones de dólares más IVA.

Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Promesa de compra, sin capital

Lo que se firmó fue un contrato de promesa de compra.

Se creó un fideicomiso en el que se colocaron las acciones de Mexicana de Aviación y sus subsidiarias y se acordó que, cuando Med Atlántica deposite los recursos para la reestructura, entonces, pasarán a su propiedad y Tenedora K, representada por Jorge Gastélum, recibirá el pago correspondiente. Pero el viernes que se hizo el anuncio no hubo intercambio de un solo peso; no hubo dinero de por medio.

Única y exclusivamente fue un contrato de promesa de compra en el que Tenedora K pone las acciones y Med Atlántica se compromete a entregar los recursos.

Eso sí, en este acto mediático estuvo todo el elenco reunido: el propio juez Consuelo; Christian Cadena, el inversionista; Jorge Gastélum, el vendedor, y las fuerzas vivas: los dirigentes de trabajadores pilotos, sobrecargos y de tierra. O sea un acto mediático con el que se da la impresión de que ya se efectuó el traspaso de acciones de un particular a otro.

El fideicomiso se constituyó en CI Banco y se concretará, siempre y cuando se ponga el dinero sobre la mesa. Pero hasta ahora sólo existe una promesa condicionada al pago de los 250 millones de dólares.

Primero y segundo actos

No es el primer acto mediático que logra el juez Felipe Consuelo. Es el segundo.

El primero fue cuando logró que se presentara el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, en una conferencia de prensa en la que anunció su selección de Med Atlántica como el inversionista para quedarse con Mexicana de Aviación. La administración de Gerardo Badín emitió un comunicado para decir que Pérez Jácome avalaba la selección del inversionista y la SCT tuvo que salir a desmentir tal afirmación para aclarar que había sido el Juez el que seleccionó y el único que dice conocer que existen los recursos que prometió invertir Med Atlántica, encabezada por Christian Cadena.

La conferencia con la imagen del funcionario se publicó en medios electrónicos y prensa escrita en día hábil. El desmentido oficial se difundió un sábado, día inhábil, y tuvo poca difusión.

Beneplácito de la STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió el viernes un comunicado en el que expresa su beneplácito por el avance en la reestructura y capitalización de Mexicana de Aviación.

El subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, en entrevista, ratificó el beneplácito pero reconoció que a esa dependencia no le consta que hubiesen recursos económicos en la transferencia de las acciones.

El funcionario dice que se trata de un avance porque uno de los obstáculo para llegar a una negociación con los acreedores era que no existía un nuevo propietario.

Sin embargo, a pesar de lo que diga el funcionario, lo cierto es que todavía no se puede hablar de la existencia de un nuevo propietario cuando no se ha realizado pago alguno por las acciones y sólo existe una promesa de compra.

De lo que tampoco parecen darse cuenta ni la dependencia ni el funcionario es de que dan la apariencia de estar dando su aval a los actos que está realizando el Juez.

CUENTOS VERAS

En suma, el proceso de reestructura de Mexicana de Aviación sigue sin concretarse. Para que ocurra, se ha dicho muchas veces, tiene que registrarse la capitalización de la empresa. Pero, hasta ahora, a nadie, salvo el Juez, conoce de la existencia del dinero y su procedencia lícita. La participación del interventor White and Case y Vicente Corta sigue siendo obstaculizada por el juez y por el administrador-conciliador Gerardo Badín y no existe reporte alguno sobre el ejercicio de los recursos que realiza éste último, que gasta diariamente 1 millón de pesos y nadie, salvo él y el Juez, sabe en qué los están gastando.

Twitter: @marco_mares

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