De nueva cuenta, rumores cibernéticos arrollaron a los medios convencionales. Por reproducir un dicho, sin verificarlo, la locutora Fernanda Familiar tuvo un resbalón mayúsculo, al informar sobre un (falso) atentado en contra de Ramón Garza, alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Se lo echaron”, leyó la presentadora en su Twitter. Y de allí para adelante se vivió una jornada caótica en aquella urbe fronteriza, como la que cinco días antes se vivió en Reynosa, pero magnificada.

Después de que la periodista Adela Micha hiciera eco de los rumores, Garza tuvo que salir a desmentirla. Pero se fue al extremo: “Hemos vivido meses de paz y tranquilidad en nuestra ciudad”, juró.

Quizá el alcalde de Nuevo Laredo sea como su homólogo, José Reyes, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y viva del otro lado del Río Bravo. De otro modo, es inexplicable que no se enterara de las versiones que corrieron ayer. La más preocupante refería al secuestro de 100 personas, por parte de Los Zetas, quienes así exigirían el repliegue de las Fuerzas Federales al gobierno de Felipe Calderón.

Inicialmente se habló de que los rehenes serían jóvenes, lo que provocó que prácticamente ninguna escuela de nivel medio tuviera clases.

La intranquilidad también cubrió a Reynosa. Otra vez, vía Internet, hay alertas sobre lo que podría suceder este 24 de febrero. La disputa entre los cárteles de la droga, por el control de la plaza, tendría uno de sus capítulos definitivos en la zona poniente de esta urbe fronteriza. Casas, escuelas y fábricas “marcadas”, serían blanco de los ataques.

Originalmente, esa batalla –siempre de acuerdo con las versiones que circulan en la blogósfera– iba a ocurrir el 19 de febrero, pero las fuerzas federales la evitaron, después de sitiar a gran parte de la mancha urbana.

Los sicarios del C.D.G. (Cártel del Golfo) –indican los reportes– quieren vengar la muerte de 45 de los suyos.

Dos altos funcionarios de la Secretaría de Agricultura han tenido que dejar sus cargos intempestivamente. Se trata de la directora jefe de ASERCA, Graciela Aguilar Antuñano, y el coordinador general de Apoyos de esa dependencia (y encargado de entregar los recursos del Procampo), Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.

Ambos habían sido emplazados, en los primeros días de este mes, a firmar sus renuncias. Desde esa fecha y hasta ayer inclusive, en todo el país se vivió una actividad frenética, entre los responsables de Procampo, FIRA y CEDE, tres de los programas más importantes de la Sagarpa.

Ambas “separaciones voluntarias” disfrazan decisiones tomadas personalmente por el secretario Francisco Javier Mayorga. Podría argumentarse que tardíamente hace un ajuste a su equipo –hace seis meses que llegó a la Sagarpa, en sustitución de Alberto Cárdenas Jiménez– pero eso no explicaría completamente estos relevos.

SEGURO. Entre lo que pasa y lo que publican los medios, se quejan muchos de nuestros lectores, las divergencias son cada vez más frecuentes. Un ejemplo de esto se registró apenas antier en Durango. Dirigentes del PAN y el PRD –que van coaligados en la disputa por la gubernatura– denunciaron públicamente que el precandidato del PRI, Jorge Herrera Caldera, se traslada por el territorio estatal en un helicóptero del gobierno que encabeza Ismael Hernández Deras. Hasta allí, los hechos.

Esas acusaciones se convirtieron al cabo de unas horas en un incidente que supuestamente habría protagonizado Herrera Caldera en un punto no identificado, entre los municipios de Nombre de Dios y Villa Unión, al sur del estado. Algunos imaginan un intento de “levantón”, otros apenas un acto de intimidación del crimen organizado contra el priísta. Por lo publicado, resulta imposible tener certeza.

“Dicha información es completamente falsa”, dice Herrera Caldera, quien reconoce, sin embargo, que Durango no ha escapado a los hechos violentos del crimen organizado y llama al gobierno federal a dar cobertura a los candidatos a partir de 12 de abril.

FONDO PERDIDO. No son 500 millones de dólares, sino una cantidad que equivale al triple (o sea, 1,500 millones de dólares), los que el gobierno de México solicitó al Banco Mundial, entre el 2008 y el 2009, como parte de las disposiciones crediticias para implementar programas para atender el cambio climático. Tales recursos tendrían que haber sido ejercidos por la Semarnat y sus filiales. Pero no: resulta que de Washington DC llegaron sin escalas a las cuentas de la Secretaría de Hacienda. “Nosotros no vimos ni un solo dólar”, juran los funcionarios ecologistas, “si alguien puede dar cuentas, es Agustín Carstens”.

Paradójicamente, el BM concedió ese préstamo por el buen desempeño de las autoridades ambientales. Y si bien es cierto que la SHCP no tiene que informar de su destino, la Auditoría Superior de la Federación ya observó esa irregularidad. Pero, ¿podrá sancionarla? Según el secretario Juan Elvira Quesada, ni siquiera hay litis, pues todavía no se aplican esos fondos. A ver si ocurre antes de que termine este sexenio…