Más que politólogos, los diputados y senadores se sienten todólogos: lo mismo discuten sobre las reformas que el país más necesita –en materia política, fiscal y laboral– que proponen mejoras para los fueros indios o tratan de legislar de asuntos tan complicados como la pena de muerte o el fuero del Ejército.

Para su desgracia, y la de sus representantes, no son ni una ni otra cosa. El parlamento no es una academia, por el contrario, padece un atasco crónico y es percibido por una amplia mayoría ciudadana como lento, disperso, insensible, poco productivo, ineficiente y con una legitimidad erosionada. Ahora mismo, los legisladores aparecen en el fondo de las encuestas, incluso más abajo que los policías, históricamente los servidores públicos peor calificados.

Dentro de los órganos parlamentarios ya se discute reducir el número de escaños y curules renovables en cada proceso electoral, en complemento a la idea de permitir la reelección legislativa. El consenso apunta a que así ocurrirá, pero este ajuste en el diseño institucional sería inútil, si no ocurre al parejo de una adecuación a las normas que rigen la vida parlamentaria.

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso data de 1934 y se mantuvo sin cambios hasta 1979, cuando se expidió la primera Ley Orgánica del Congreso y se estableció que el marco normativo anterior se mantendría en vigor hasta que cada Cámara legislativa emitiera el suyo propio. Tres décadas han pasado, sin que esto haya sucedido.

Apenas en el 2004 hubo un tímido intento por corregir estas normas ambiguas y anacrónicas. El artículo tercero de la Ley Orgánica fue modificado, para darle al Congreso la facultad (antes inexistente) de elaborar sus reglas de funcionamiento y a cada Cámara dotarla de los instrumentos para hacer sus propios reglamentos y acuerdos. Así las cosas, lo mínimo deseable es que en la reforma política que los senadores ya comenzaron a dictaminar, se establezcan, cuando menos, los elementos mínimos de legalidad facultando expresamente a las cámaras a hacer sus reglamentos internos que contengan líneas específicas de funcionamiento de pleno y de las comisiones de cada Cámara. Que por fin se cumplan los postulados suscritos en la reforma de 1977.

El legislador queretano Jesús Rodríguez, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en San Lázaro, pronto tramitará una iniciativa que resuelva estos entuertos y además, sirva para definir un nuevo formato para el Informe presidencial –que en principio tendería a un formato semiparlamentario– y al mismo tiempo dé eficiencia al trabajo en comisiones y modifique la mecánica de trabajo en el pleno. Las comparecencias también están en la mira. En el fondo, de lo que se trata es de impedir que los acuerdos, las normas generales y los lineamientos que a cada rato se definen en la Junta de Coordinación Política, sustituyan a los ordenamientos formales y que igualmente queden regulados los tópicos parlamentarios no aclarados en las normas vigentes, como lo son la lista de asistencia y el quórum; la redacción y presentación de iniciativas y dictámenes; y el trámite de licencias, suplencias y vacantes.

EFECTOS SECUNDARIOS

PRECISOS. Antes que nada, una disculpa, pues ayer, al dar cuenta del llamado de la Primera Dama para integrar un “Ejército de faldas azules” en Puebla, incorrectamente citamos el segundo apellido de Margarita Zavala Gómez del Campo. También es justo precisar que viajó a la vecina entidad por tierra y no en helicóptero, para inaugurar el Encuentro Nacional de Mujeres del PAN.

A JUICIO. Rindió frutos la denuncia presentada por Luis Téllez Kuenzler contra los responsables del espionaje telefónico que derivó de su salida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un juez admitió las pruebas recabadas por la PGR y procedió en contra de Purificación Carpinteyro, como presunta responsable del delito de divulgación de secretos. Amparada, la exfuncionaria federal tendrá que ofrecer su testimonio e incriminar al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime, de quien presuntamente habría recibido las grabaciones.

INTOLERANCIA. Caro pagó la estudiante oaxaqueña Viviana García Loya el atrevimiento de haberle gritado “represor y tirano” al gobernador priísta Ulises Ruiz. Inmediatamente después de los hechos, ocurridos el pasado 4 de marzo, la joven fue detenida y confinada a los separos de la policía estatal. En el traslado, fue vejada y golpeada. Pero nadie presentó cargos en su contra, por lo que quedó libre.

EN BREVE, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República elegirá a cuatro nuevos integrantes del Consejo Consultivo del organismo que preside Raúl González Plascencia. Hasta allí, todo bien... pero resulta que la convocatoria no contempla que sean públicas las comparecencias de los aspirantes, lo que de acuerdo con algunas ONG resulta sospechoso. En Diputados, bajo la conducción del saltillense Rubén Moreira, se alista una iniciativa que busca atender los reclamos de las víctimas de la llamada guerra contra el crimen organizado.