Las pesquisas sobre los ataques contra dos empleados del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, del pasado domingo 14, dejan poco espacio para la duda, los sicarios sabían con quién se metían, a quién querían intimidar: a los funcionarios del gobierno de Barack Obama.

Los primeros indicios establecen que un grupo de trabajadores de la oficina consular se habían congregado en una fiesta. Los tenían vigilados. Sin embargo, el azar no determinó a los blancos. El caso de Leslie Ann Enríquez Catton ha acaparado los reflectores por su dramatismo: fue ejecutada junto con su esposo, Arthur H. Redelfs. De nacionalidad mexicana -era sobrina del exsecretario de Turismo, Antoni Enríquez Savinag- trabajaba para el gobierno estadounidense desde hace ocho años. Su marido pertenecía a la oficina del sheriff y trabajaba en la cárcel de El Paso.

En el asiento posterior de su camioneta iba su pequeña hija de apenas nueve meses. Leslie Ann, de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, realizaba tareas de apoyo en la sección antinarcóticos del consulado y estaba embarazada al momento de su fallecimiento.

En la fiesta también estaba Hilda Edith Antillón Jiménez, quien lleva 12 años como empleada del consulado en Ciudad Juárez. Ella se quedó, pero su esposo, Jorge Alberto Salcido Ceniceros, salió con sus dos hijos menores, quienes resultaron lesionados. El adulto falleció en el momento.

Los ataques fueron simultáneos ni duda cabe. Y si bien en las semanas previas se habían generado cuando menos tres amenazas de bomba contra sedes diplomáticas en aquella parte de la frontera, se pensaba imposible que las bandas de narcotraficantes atentaran contra empleados del gobierno estadounidense.

Esa línea de investigación está siendo abordada y la seguridad en torno del cónsul, Raymond McGrath en Ciudad Juárez se ha reforzado. Sus dos hijos y su esposa ya no están en territorio mexicano y desde antier el Departamento de Estado autorizó la salida de los familiares del personal de los consulados del gobierno de Estados Unidos en la frontera norte, ordenanza que además de Juárez abarca las ciudades de Matamoros, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana.

Simultáneamente, la oficina de la secretaria Hillary Clinton emitió una nueva alerta para los estadounidenses que viven y/o viajan hacia México, donde radican cerca de 1 millón. Para el gobierno de Barack Obama, una amplia parte del territorio mexicano, que comprende los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, es altamente riesgosa y debe evitarse.

En aquellas plazas, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, los cárteles de la droga y las bandas criminales han comenzado a tomar represalias violentas contra individuos que hablan en su contra o son considerados como amenazas. Y entre los caídos ya hay ciudadanos estadounidenses, entre ellos dos, que recientemente fueron secuestrados y asesinados en Chihuahua.

Las autoridades estadounidenses establecen que la escalada de violencia, además, es producto de la guerra contra el crimen organizado que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón.

“Las confrontaciones parecen combates de unidades pequeñas con los cárteles, empleando armas automáticas y granadas”, describe la última alerta del Departamento de Estado que da cuenta de “grandes balaceras” recientes ocurridas en Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Nogales, Matamoros, Reynosa y Monterrey, en algunas de las cuales ciudadanos estadounidenses han quedado atrapados.

Después de las ejecuciones de este fin de semana en Ciudad Juárez, la Embajada de Estados Unidos en México restringió los viajes de empleados de cualquier agencia gubernamental a Durango, el cuadrante noroeste de Chihuahua, el perímetro sureste de Ciudad Juárez y todas las partes del estado de Coahuila al sur de la carreteras 25 y 22, y el Río Álamos.

Hay reportes preocupantes, para las autoridades estadounidenses, sobre delincuentes que han “seguido y acosado” a conciudadanos suyos que viajan en sus vehículos en las zonas fronterizas, incluyendo Nuevo Laredo, Matamoros y Tijuana.

Además, los viajeros en las carreteras entre Monterrey y otras partes de México a Estados Unidos (especialmente a través de Nuevo Laredo y Matamoros) han sido objeto de robo y violencia, y también han quedado accidentalmente atrapados en balaceras entre delincuentes y la policía mexicana.

Y una particular preocupación existe por lo que sucede en la región lagunera, pues a finales del 2009 y principios del 2010 cuatro ciudadanos estadounidenses fueron asesinados en Gómez Palacio.

EFECTOS SECUNDARIOS

OTROS JUARENCES. Dicen que saldrán todos los domingos a las calles a protestar hasta que sus demandas sean atendidas. Empezaron antier. Son los integrantes del Frente Cívico Vecinal Juarence, inconformes con los sainetes de César Nava Vázquez, diputado federal por el Distrito XIV, que abarca parte de la delegación Benito Juárez, gobernada por cierto por el PAN.