Como sindicalista, Martín Esparza Flores ha impugnado las acciones que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha emprendido contra los empleados de la compañía Luz y Fuerza del Centro, en proceso de extinción.

Como patrón, tolera tácticas similares como el maltrato, las intimidaciones y los chantajes. Esto se desprende de la demanda laboral que un grupo de trabajadores de la empresa Periodismo desde la Izquierda han interpuesto, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, contra el Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas y tres diputados federales, entre los que están el coordinador del PRD en San Lázaro, Alejandro Encinas, el exsecretario del Exterior del SME e integrante de la bancada del sol azteca, y Laura Iztel Castillo, hija del finado dirigente socialista Heberto Castillo.

Esparza Flores es socio accionista de esa compañía, cuyo principal producto era El Periódico, un diario de efímera duración (circuló entre marzo y diciembre del 2009) y rimbombante circulación (imprimía 1 millón de ejemplares, de lunes a viernes) que trataba de ganarse un espacio en el disputado mercado editorial de la ciudad de México con una oferta informativa fresca, dirigida a un público joven.

El proyecto se había gestado desde mediados del 2008. El productor de la idea fue el periodista sonorense Ramón Alfonso Sallard, quien encontró en Castillo, exsecretaria de Desarrollo Urbano del GDF, a su principal impulsora y financiadota.

Los dirigentes del SME invirtieron en esta publicación poco después de que el gobierno federal decretara la “extinción” de LFC; Encinas, en cambio, desde que estuvo en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador había expresado su simpatía por un diario “100% chilango”.

El Periódico tuvo esa vocación, en el origen, pero la realidad del peor año para las finanzas de los periódicos mexicanos (2009) los obligó a corregir. No pudieron. Una deuda, que actualmente asciende a 12 millones de pesos con la casa impresora Transcontinental, terminó ahogándolos. A mediados de diciembre, Sallard decretó una suspensión temporal de las operaciones editoriales.

La situación dio un giro dramático el pasado 19 de marzo, cuando Sallard solicitó a los pocos empleados que acudían a las oficinas que devolvieran las llaves y los gafetes de acceso. En otras circunstancias, hubieran asumido que se trataba de una broma más de alguien lenguaraz e impulsivo, que se ostentaba como “representante del gobierno legítimo” en Zacatecas. Pero entendieron que hablaba en serio cuando externó: “Entréguenme las llaves.

Aquí ya no se va a trabajar, por falta de dinero”.

Esa decisión es equiparable a un despido injustificado, según la demanda interpuesta por 24 de los empleados de El Periódico que acudieron ante las autoridades capitalinas. El caso quedó radicado bajo el folio 7825/2010 en la junta número 5, a la que paradójicamente tendrá que acudir, en calidad de demandado, el secretario del Trabajo del GDF, Benito Mirón Lince, quien también es socio de la empresa.

Aunque tenía contratos firmados y vigentes hasta ese día, los empleados de El Periódico nunca fueron inscritos en el IMSS o en el Infonavit ni contaban con cuentas en el Sistema de Ahorro para el Retiro. Previo al despido injustificado del cual fueron objeto, la empresa –a través de Sallard– propuso un “pago en especie” que justificó por la falta de liquidez que se había ahondado en los últimos meses del 2009. Entre los objetos que ofreció hay computadoras Mac Pro, impresoras “multifuncionales”, faxes, monitores para PC, CPU’s, teclados, escritorios, sillas, trituradoras de papel y hasta un refrigerador.
En ese momento nadie aceptó, no sólo por el mal estado de esos bienes, sino porque les exigían desistirse de sus derechos laborales. Enseguida, Sallard propuso, a nombre de los socios, que se abriera un plazo de gracia, por dos semanas, para poder conseguir recursos frescos. En ese lapso se dieron chantajes e intimidaciones, según el relato de los afectados, que han solicitado que su identidad no se revele por temor a represalias.

“Había dos auxiliares de Redacción que fueron contratados por recomendación de Laura Itzel. Uno de ellos era hijo de una antigua colaboradora suya. Y cuando comenzó este pleito, la Diputada llamó por teléfono a su amiga para reclamarle. Le dijo que se sentía traicionada y que si su hijo la demandaba podía olvidarse de su empleo en la delegación Coyoacán”, detallan.

En otros casos, las peticiones fueron menos sutiles. Al menos tres trabajadores revelan que Sallard les dijo: “Es mejor que aceptes lo que te ofrezco, porque el dinero no alcanza para todos”. Y a los del Departamento de Sistemas, que también laboran en un diario especializado en finanzas, de plano los amenazó con impedir que sigan prestando allí sus servicios.

Ayer se reunieron las partes en la Junta Local. A la exigencia de los trabajadores de que se les indemnice según lo establecido en la ley (con 2.3 millones de pesos), Sallard y su abogada, María del Carmen González, contraofertaron 300,000 pesos. Los trataron como si fueran del SME.