El mismo día que el presidente Calderón aceptó que debía debatirse la legalización de las drogas, el pasado martes 3 de agosto, adelantó su posición, que es la negativa a que eso pueda ocurrir.

El Presidente sostiene -tiene todo el derecho de exponer su postura- que la legalización implicaría “un aumento enorme del consumo de varias generaciones de mexicanos” y esto por la “disminución de precio... (y) también por la disponibilidad”.

El Secretario de Salud de inmediato salió a secundar la posición del Presidente y fijar la postura del gobierno que es negarse a la legalización. Las autoridades de Estados Unidos también se pronunciaron afirmando que su política era la prohibición.

El ofrecimiento del Presidente merece reconocimiento y para hacerlo realidad requiere que el propio gobierno organice los espacios donde tenga lugar, de otra manera sólo se quedará en palabras.

El Presidente debe sacar este diálogo de las instancias políticas y de seguridad, para llevarlo a las secretarías de Salud y Educación. Hay que despolitizar y descriminalizar la discusión y llevarla al ámbito del debate de los problemas sociales.

Los gobernadores deben asumir su responsabilidad y convertir a sus gobiernos en promotores centrales del debate en sus entidades. Ya no pueden seguir evadiendo su compromiso y dejando solo al gobierno federal.

Las fuerzas políticas del país están obligadas a definir de manera pública su postura ante la legalización o no de las drogas. Hasta ahora, han evadido pronunciarse y la sociedad desconoce sus posturas.

Los centros de educación superior deben tomar la palabra al Presidente y organizar por su cuenta el diálogo entre especialistas, y éstos con las organizaciones de la sociedad civil.

Las universidades públicas y privadas de los estados donde es mayor la presencia del narcotráfico tienen un lugar clave en el debate y están llamadas a convertirse en los referentes fundamentales de la discusión.

Las organizaciones de la sociedad civil en cada uno de los estados deben impulsar el debate. Me sorprende siempre la claridad sobre el tema de los organismos empresariales de los estados más golpeados por la acción del narcotráfico.

Finalmente, los medios de comunicación tienen un papel central que jugar en esta discusión. Lo pueden hacer promoviendo foros y encuentros, o garantizando la cobertura amplia de los distintos espacios de discusión a lo largo y ancho del país.

Un diálogo amplio entre los distintos actores y regiones del país puede ofrecer: conocer lo que realmente piensa la ciudadanía, abrir camino a otras maneras de ver y hacer las cosas y, finalmente, articular una política de Estado a partir de lo que surge del diálogo.