La advertencia del gobierno federal, que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, de que podría “proceder legalmente” en contra de quienes presentaron una solicitud de juicio penal internacional en contra del gobierno mexicano, podría convertirse en una parte aguas en materia de libertad de expresión en México.

Como se sabe, el viernes 25 de noviembre el abogado experto en derecho internacional, Netzaí Sandoval Ballesteros, acudió a La Haya a presentar una solicitud para juzgar en la Corte Penal Internacional a Felipe Calderón, a sus secretarios Genaro García Luna (Seguridad Pública), Guillermo Galván Galván (Defensa), Francisco Saynez Mendoza (Marina) y demás autoridades, militares responsables de “crímenes de guerra” en México, así como a Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel del Pacífico a quien corresponsabilizan de crímenes de lesa humanidad que, a juicio de los promoventes de la demanda, se han cometido en el país desde que el presidente anunció la guerra contra la delincuencia organizada el 11 de diciembre de 2006.

¿Qué plantea la solicitud de juicio penal internacional en contra de Calderón y su gobierno? En esencia, nada que no se haya dicho antes en el país: que desde que el actual gobierno federal arrancó su estrategia de guerra contra el narcotráfico han muerto más de 40 mil personas; que tan sólo en 2010 murieron más personas en México que en países que están en guerra formal, como Afganistán; que dicha guerra ha provocado más de diez mil desaparecidos, 120 mil desplazados; que en esta confrontación han perecido 1,226 niños y adolescentes; que miles de inocentes han perdido la vida, y que se han confirmado cientos de ejecuciones extrajudiciales, y miles de casos de violación a los derechos humanos.

La solicitud de juicio penal internacional en contra de Calderón entregada al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, recuerda también que ya otras agencias internacionales han recomendado el retiro del ejército de las funciones policiales como planteó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en marzo 2011.

La solicitud de juicio penal internacional, de 700 páginas, documenta más de 470 casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellos los delitos de tortura, desapariciones, asesinatos, mutilaciones, abusos sexuales y reclutamiento de menores.

Hay un punto importante que se menciona en la petición de juicio político entregado en La Haya: la solicitud se plantea porque México es signatario del pacto que da vida a la Corte Penal Internacional, por lo que acudir a dicha instancia es un derecho de los ciudadanos mexicanos.

Pero la solicitud ha irritado sobremanera a la presidencia, como lo deja en claro el comunicado emitido el domingo por la noche y con las posturas de algunos miembros del gabinete, como fue el caso del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en un artículo publicado en El Universal el 28 de noviembre, y en el que parece dejar a un lado la crítica seria para pasar a la descalificación y el insulto a los promotores de la demanda.

Sería muy grave que Calderón y su gobierno respondieran con hostigamiento y hasta demandas legales en contra de los promotores del juicio internacional, en lugar de deslindarse con pruebas de las acusaciones contenidas en el documento referido.

Criticar la estrategia que se ha seguido en contra del crimen organizado es un derecho que tenemos los ciudadanos; lanzar amenazas desde el poder es muy grave.

¿Por qué en lugar de amenazar con “proceder legalmente” contra los promotores del juicio ante la Corte Penal Internacional el gobierno de Calderón no hace algo para detener las muertes violentas, por qué no usa la fuerza del Estado para encontrar a los desaparecidos, por qué no mejora los instrumentos periciales para identificar a los muertos sin nombre, por qué no investiga y sanciona a los militares, marinos y policías que han cometido torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales?

Pero en lugar de avanzar hacia un verdadero Estado de derecho, parece que la impunidad pasea rampante por la república. Así lo demuestra el caso del asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad y quien fue asesinado de siete balazos, en pleno centro de Hermosillo, Sonora el mediodía del lunes 28.

Nepomuceno Moreno buscaba a su hijo desaparecido en 2010 y denunciaba que había sido detenido por policías.

En lugar de lanzar advertencias y amenazas en contra de quienes critican su estrategia contra el crimen organizado, Calderón debería intentar terminar con la impunidad.

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