¿Moreirazo 2.0?
CREDITO: 
Alberto Aguirre M.

Hace tres días, la oficina del fiscal de Corpus Christi solicitó a la Corte del Distrito Oeste de Texas embargar una cuenta bancaria de Jorge Torres López, quien fungió como gobernador de Coahuila después de que Humberto Moreira Valdés dejara el cargo para convertirse en presidente del CEN del PRI.

El exmandatario interino —detectaron autoridades estadounidenses— transfirió 2.8 millones de dólares a un banco en Bermudas. Hay dudas sobre el origen de esos recursos. Además, la fiscalía contaría con pruebas fehacientes que comprobarían que Torres López, exsecretario de Desarrollo Social del gobierno coahuilense, habría conspirado con el extesorero Héctor Javier Villarreal para lavar millones de dólares a través de la compra de inmuebles en San Antonio y Río Grande.

“Demostraré mi inocencia y la licitud de esos recursos, que son patrimonio mío y de mi familia y producto de una vida de trabajo”, respondió ayer el exgobernador a través de una declaración que reprodujo el diario Zócalo, de Saltillo. “Confió en que la justicia me dará la razón. Para ello, mis abogados ya trabajan al respecto y, como en el pasado reciente, demostraré mi inocencia como sucedió en un caso similar”, probablemente haciendo alusión a que ya con anterioridad había sido señalado por irregularidades en las cuentas presentadas durante su administración. A pesar del escándalo por la megadeuda contratada durante el sexenio pasado, los procesos administrativos y judiciales contra los colaboradores de Moreira no han avanzado en México. En EU, por el contrario, han entrado en una fase definitiva, gracias a las actuaciones de John W. Primomo, quien deberá resolver en primera instancia los casos de Guillermo Flores Cordero y Leticia María de Guadalupe Galán Villalobos, un matrimonio originario de Torreón que justo hace un mes fue detenido en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, luego de un operativo policiaco en el que participaron agentes de la DEA y el ISR. Ella, de 49 años, estudió Relaciones Internacionales en la Ibero. Él es un próspero empresario lagunero dedicado a servicios aeronáuticos. Llegaron a aquella ciudad texana el último viernes de agosto pasado a bordo de un LearJet 55, que les fue embargado. El lunes, cuando fueron presentados en la sala de la corte del Distrito Oeste de Texas, estaba presente el excongresista republicano Henry Bonilla —quien de acuerdo al abogado defensor, Roy Barrera— era amigo de la pareja y les había vendido hace seis años,una residencia en Sonterra Stone Oak, uno de los fraccionamientos más exclusivos del condado de Bexar. La construcción —de dos pisos; con tres recámaras y cuatro baños— está valuada en 368,350 dólares y estuvo a nombre de Galán Villalobos, quien enfrenta cargos por lavado de dinero al igual que su esposo. Las investigaciones identificaron otras propiedades y negocios, además de media docena de cuentas bancarias en El Paso, San Antonio y Miami —al menos dos tienen un millón de dólares— que quedaron congeladas. El abogado defensor identifica a su cliente como un “especialista en inversiones” que en los años recientes ha adquirido bienes inmuebles en algunos de los barrios más exclusivos del condado de Baxter; entre ellas, una mansión valuada en 1.2 millones de dólares en el fraccionamiento Dominion, la cual cuenta con cinco dormitorios, cinco baños y medio, una piscina y un gimnasio. Las pesquisas determinaron que en algunas de sus operaciones inmobiliarias contrataron lo servicios del abogado Rubén Flores Jr., quien también sirvió al ex tesorero de Moreira, Héctor Javier Villarreal, actualmente prófugo. El magistrado Primomo ha rechazado en sendas ocasiones acceder a la solicitudes de libertad bajo caución tramitadas por el abogado Barrera. Y es que en los meses recientes se han acumulado media docena de casos similares. Hace 14 meses, el empresario jalisciense Alejandro Sánchez Garza se entregó en el aeropuerto después de que su paisano, Álvaro García de Quevedo, fuera indiciado por las autoridades estadounidenses como presunto responsable de operaciones financieras ilícitas.

Sánchez Garza y su hermano, Mauricio, se declararon culpables y sus negocios —los restaurantes Barbaresco y La Enoteca, ubicados en San Antonio— fueron intervenidos. En junio, el empresario Ricardo Viso Seligson también se entregó en el aeropuerto después de que voló desde Ciudad de México en un vuelo privado. Las indagatorias de las autoridades estadounidenses lo vinculan con la maestra Elba Esther Gordillo.

EFECTOS SECUNDARIOS

REAPARICIÓN. Entre los invitados especiales a los festejos por el décimo aniversario del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana estuvo Víctor Lichtinger, primer —y efímero— titular de la Semarnat, quien aprovechó la ocasión para manifestarse contra las reformas estructurales de la administración peñista, pues a su juicio no incluyen el tema de sustentabilidad. “En México no existe siquiera una norma oficial para energías renovables”, dijo el exsecretario de Medio Ambiente. El crecimiento verde, de acuerdo con el exsecretario, es necesario porque implica no sólo la disminución del impacto humano sobre el medio ambiente, sino también aumenta la calidad de vida de la población y mejora su productividad.

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