Colegio de encuestadores
CREDITO: 
Alberto Aguirre M.

Al margen de cualquier prurito metodológico, hay una regla de oro entre quienes se dedican a la medición de la intención de voto en México: los reportes públicos de las encuestas preelectorales y las exit polls jamás pueden errar en el ganador.

Desde 1994, ésa ha sido la principal preocupación de los demóscopos, en las elecciones presidenciales. Y en los meses posteriores al 2000, cuando sólo un pequeño grupo de encuestas marginales adelantó el triunfo de Vicente Fox, en las oficinas de MUND-Americas, que entonces dirigía Daniel Lund, los encuestadores trabajaron para perfeccionar sus metodologías y confrontar a una clase política que buscaba a los responsables de sus derrotas electorales en todas partes, menos en sus equipos de contienda.

Hace 13 años nació el Consejo de Investigadores de la Opinión Pública. Y la única mujer en su seno era la actuaria María de las Heras, quien entonces no fundaba Demotecnia ni se asociaba con Rosario Robles y Margarita Jiménez, en Sostén, la primera y única consultoría política enfocada al género femenino.

La actuaria, que había realizado el trabajo técnico para Luis Donaldo Colosio, milagrosamente logró que The Dallas Morning News publicara la encuesta que pronosticaba la derrota de Francisco Labastida. Con esa aura -y la fabulosa historia de su matrimonio con César Augusto Santiago en los jardines de Los Pinos, con el presidente Salinas como testigo e instigador- se ganó su lugar en ese nuevo organismo, cuyas sesiones plenarias -a las que acudían Roy Campos, Rafael Giménez, Alejandro Moreno y Ricardo de la Peña- eran de antología.

El CI nunca cerró sus puertas, pero ya no volvió a sesionar. Será reemplazado por el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE) que, a diferencia de su antecesor, abrió espacio a nueve empresas, por impulso de Francisco Abundis, de Parametría, y Marcelo Ortega, de Consulta-Mitofsky.

Después de los comicios del 2012, tanto la izquierda -principalmente la parte más provicle a López Obrador- como un sector del panismo tradicional (encarnado por Roberto Gil) buscaron incluir en las nuevas reglas de la competencia electoral el restringir la libertad de los encuestadores para divulgar los resultados de sus mediciones.

Y es que en buena medida, la legislación electoral aprobada por el Congreso buscaba incorporar nuevos tipos penales para sancionar a quienes abusen de la propaganda electoral, incurran en “turismo electoral” o recurran a maniobras fraudulentas para la compra y coacción del voto. En los tres escenarios, varios operadores se camuflajearon de encuestadores para hacer travesuras.

En la mesa política del Pacto por México, la representación panista insistía en “frenar” los abusos de los encuestadores, con la imposición de requisitos para que revelaran públicamente su filiación o cualquier relación contractual con un partido político, antes de los procesos electorales, y para que divulgaran la información sobre el financiamiento de los estudios demoscópcios y las características técnicas de las mediciones; en caso de que no hubiera apego a lineamientos emitidos por el comité técnico, serían castigados.

Y mientras, en el seno de la Asociación Mexicana de Investigación de Mercados (AMAI), su presidente, Luis Woldenberg -hermano del ex presidente consejero del IFE- sometía a votación de su membresía una moción para desaparecer el capítulo de opiníón pública, ante el escarnio de las épocas recientes.

Ambos factores explican, en gran medida, que dos integrantes de la AMAI -Edmundo Berumen y Ana Cristina Covarrubias- hayan decidido participar en el CEDE, complementada por los despachos Buedía & Laredo, Mercaei y Lexia, la única de las nueve organizaciones enfocada a los estudios cualitativos.

Esta noche, en su evento de presentación, los socios fundadores de CEDE emitirán sendos videomensajes, mientras que su primer presidente Rodrigo Galván -hijo de María de las Heras y su sucesor, al frente de Demotecnia-, hará el posicionamiento general.

En una ruta distinta a la que tradicionalmente habían recurrido anteriormente -la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y la AMAI- este grupo de expertos en opinión pública deberá afrontar el capítulo referente a la medición de la intención del voto. En estos terrenos, vale la pena recuperar una historia: la de la “renuncia” del último titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, Alfredo Orellana Moyao. Esa instancia -adscrita a la PGR- deberá convertirse en un órgano autónomo, aunque mantendrá subordinación de la Fiscalía General de la República, cuando se aplique la reforma político-electoral referente a estos asuntos. El abogado Orellana, quien antes había sido del IFE, cabildeó entre legisladores y directivos partidistas para quedarse en el cargo..., sin informar a su superior jerárquico, el procurador Jesús Murillo Karam. Apenas y lo llamaron, ocurrió su salida de la Fepade, que no es la única dependencia acéfala en esa jurisdicción. También están vacantes las subprocuradurías de Control Regional y de Derechos Humanos; el Centro Nacional de Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal.

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