Transporte en Edomex: el caos
Verde en Serio
Gabriel Quadri de la Torre
Ingeniero Civil, Economista, Ambientalista, Badmintonista
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CREDITO: 
Gabriel Quadri de la Torre

Es notable la situación precaria y caótica de movilidad que se vive hoy en día en el Estado de México. Debe ser uno de los temas y de los compromisos prioritarios en las campañas electorales que ya se desarrollan, más allá de los lugares comunes y retórica ampulosa y vaga a los que nos tienen acostumbrados los políticos. Es uno de los problemas más graves, con mayores alcances, y con las imbricaciones urbanas, sociales, económicas ambientales de mayor densidad.

El servicio de transporte público en el Estado de México es prestado en gran proporción por vehículos de baja capacidad, inapropiados para dar servicio en los corredores de mayor demanda; inducen congestión innecesaria, son ineficientes, tienen una elevada edad promedio, y crean altos costos a los transportistas y a los usuarios; además de ser altamente peligrosos, presas de la delincuencia y con grandes emisiones contaminantes. La situación es consecuencia de la falta de planeación y de regulación centralizadas, y de un modelo clientelar y corporativo de organización que funciona primordialmente en la informalidad con base en hombres–camión, y no en empresas concesionarias legalmente constituidas.

Esto se asocia a una fuerte tendencia hacia la motorización privada y hacia una cada vez mayor proporción de viajes realizados en automóvil, los cuales son cada vez más largos. De hecho, el número de viajes en auto privado ha aumentado más rápidamente que la población en los últimos 20 años, de acuerdo a las Encuestas Origen-Destino. El costo del transporte público para los mexiquenses es extraordinariamente elevado, y representa uno de los rubros más onerosos en presupuestos familiares y personales; alcanza montos de entre 70 y 80 pesos diarios. Tiene que ver en gran parte con las grandes distancias recorridas, con ineficiencias estructurales y organizacionales, con una oferta fragmentada, con altos índices de transbordos y con una casi nula integración entre modos de transporte. El tiempo perdido y las horas hombre desperdiciadas son astronómicos: entre 50 y 180 minutos por traslado, lo cual ubica al Estado de México como uno de los casos de mayor ineficiencia en América Latina.

Mucho tiene que ver en ello el emblemático desorden y suburbanización expansiva, horizontal y de baja densidad que caracteriza al Estado de México, inducida por la edificación irregular en tierras agrícolas ejidales, comunales e individuales y por el desarrollo de conjuntos habitacionales con alto grado de dispersión, fragmentación, aislamiento, escasa conectividad y accesibilidad; notablemente en Tecámac, Huehuetoca, Zumpango, Chicoloapan, Valle de Chalco Solidaridad y otros municipios con alta población como Ecatepec, Coacalco, Chalco, Texcoco e Ixtapaluca.

En este contexto son fundamentales compromisos electorales tangibles, basados en diagnósticos objetivos y en planteamientos claros e inequívocos. Estos deben apuntar a políticas de transporte integradas con nuevos patrones de desarrollo urbano; estrategias de coordinación metropolitana, ya que el despliegue de viajes no se ajusta a las fronteras políticas; inversiones masivas en nuevas líneas de Metrobús (Mexibus) y de trenes suburbanos; Centros de Transferencia Modal (CETRAM) con conectividad y alimentación inter-modal; infraestructura para movilidad no motorizada (bicicletas); integración administrativa y tarifaria con una tarjeta intermodal inteligente; estacionamientos a distancia vinculados a los CETRAM; nueva institucionalidad para formalizar en empresas mercantiles a los transportistas; capacidades centralizadas de planeación, regulación y fomento en el gobierno del estado; financiamiento al transporte público a partir de impuestos verdes a las emisiones de contaminantes; programa de bacheo y pavimentación; consolidación de autopistas urbanas con acceso preferente a líneas de transporte público; dispositivos eficaces de vigilancia y seguridad; y modernización y homologación de los programas de verificación vehicular existentes con la Ciudad de México para vehículos a gasolina y diesel. Sólo con contenidos de este tipo, podrían tener algún interés las campañas políticas.

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