Cuentas letales
CREDITO: 
Alberto Aguirre M.

Han pasado cuatro horas desde que se confirmó la muerte de Javier Valdez, de cuyo trabajo periodístico en gran medida abrevaron los colegas que hicieron de las historias del narco su objeto de estudio en los últimos tres lustros. Del azoro a la indignación, en las redes sociales se materializan las manifestaciones gremiales de pesar, de dolor. De impotencia.

Tan sólo en lo que va de este sangriento 2017 han sido asesinados seis periodistas. Y no hay detenidos. ¿México sin libertad de expresión? El repudio también es compartido por los organismos regionales e internacionales que representan al gremio. Y el gobierno peñista, con su silencio oprobioso, reitera la poquedad que concede al ejercicio periodístico.

“A Miroslava (Breach) la mataron por lengua larga”, comentó Valdez en Twitter el pasado 25 de marzo apenas supo del asesinato de su colega, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, “que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.

El periodista sinaloense había cumplido 50 años justo hace un mes. Y desde finales del año pasado había emprendido la titánica tarea de cumplir con sus obligaciones reporteriles con la promoción de su último libro, Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia (Penguin Random House, 2016).

“Cada vez son más los periodistas desaparecidos, torturados, asesinados en México. Conscientes de que el narcotráfico ha masticado con rabia todas las fronteras, podemos pensar que son sólo los emisarios de los cárteles quienes dan la orden de la ejecución, el levantón, el jodido calambre para que no escriban más en ese periódico que incomoda, estorba, se entromete. Pero no.

“No sólo los narcos desaparecen y matan a los fotógrafos, los redactores, los periodistas. También hacen su tarea de exterminio los políticos, la policía, la delincuencia organizada, coludida con agentes, ministerios públicos, funcionarios de gobierno y militares. El gran pecado, el imperdonable delito: escribir sobre los dolorosos acontecimientos que sacuden a nuestro país. Denunciar los malos manejos del erario, las alianzas entre narcos y mandatarios, fotografiar el momento exacto de la represión, dar voz a las víctimas, a los inconformes, a los lastimados. El gran error: vivir en México y ser periodista”, dicen los párrafos iniciales de esa obra.

Valdez reporteaba para La Jornada y Ríodoce -el semanario que cofundó en el 2003, junto con Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal-, donde publicaba la columna Malayerba y se había convertido en una voz crítica del narcotráfico y la corrupción en Sinaloa.

La versión digital de la publicación sinaloense ayer ofrecía una semblanza rigurosa del periodista abatido.

“No tenía escoltas, ni mucho menos blindaje. Sus únicos compañeros fueron siempre una laptop, sus libros y una taza de café... A Javier no lo hincaron nunca”, describían. “En la escena del crimen, su cuerpo estaba boca abajo sobre la calle Vicente Riva Palacio, entre Epitacio Osuna y Ramón F. Iturbe, en la colonia Jorge Almada. Ahí sujetos armados lo interceptaron cuando conducía un Corolla rojo y le dispararon hasta darle muerte. En el lugar se encontraron al menos 12 casquillos percutidos”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, lamentó y condenó profundamente el asesinato de Valdez. “la sensación de indefensión se intensifica cada día en este país ante la impunidad y falta de resolución judicial de los numerosos casos de agresión y asesinatos de periodistas”, sentenció.

EFECTOS SECUNDARIOS

FOCOS ROJOS. Un gran escándalo amenaza a la Universidad Autónoma Metropolitana: el rector saliente, Salvador de la Vega, y su secretario general, Norberto Manjarrez, tendrán que afrontar un faltante de 253 millones de pesos detectado por la Auditoría Superior de la Federación, quien presume daño a la hacienda pública federal, ya que no han acreditado el uso de ese dinero, y ya pidió al Colegio Académico de la UAM iniciar las investigaciones y procedimientos administrativos contra las dos máximas autoridades de la institución responsables del destino esos recursos.

LLAMADO. En vez de focalizarse en las bebidas endulzadas, los gobiernos deberían gravar la producción de azúcar, planteó hace una semana John Santa María, presidente ejecutivo de Coca-Cola FEMSA, la mayor embotelladora de franquicias de Coca-Cola del mundo. ¿Acaso se quejaban de las acciones del fisco mexicano? No, se refería al debate surgido en Filipinas, donde también quieren imponer un impuesto anti-chesco. Si eso ocurre -vaticinó- es probable que aumente la inflación y perjudique a los productores de azúcar y los pequeños minoristas. En Ecuador, por ejemplo, un impuesto de 30% sobre los ingresos de las bebidas azucaradas hizo que los precios del azúcar bajaran, y, en Filadelfia, una tasa de 1 centavo por onza llevó a algunas empresas a considerar recortes de empleos. ¿Acaso ocurrió eso en territorio azteca?

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