¿Apuestas fallidas?
CREDITO: 
Alberto Aguirre M.

Mientras estuvo abierto, fue el centro de apuestas más grande de México. Instalado en el predio donde alguna vez funcionó el parque de diversiones Divertido, a menos de 500 metros del Palacio Municipal, el Palmas Naucalpan arrancó bajo la égida de Arturo Rojas Cardona, el zar de los casinos, pero en el 2012 -apenas unas semanas antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa- se convirtió en Kash, administrado por Exciting Games, uno de los dos operadores del permiso autorizado a Entretenimiento de México por los gobiernos panistas.

Pero funcionó apenas durante ocho años. En abril del 2014, fue clausurado, junto con otras 12 casas de apuestas y sorteos, luego de que la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación -entonces a cargo de Marcela González-Salas Petriccoli- revocara el permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005 y su versión Bis, que amparaba a Exciting Games.

Habían pasado tres años de su clausura. El resguardo del local -que extrañamente no tenía seguro contra siniestros- estaba a cargo de un equipo de veladores que carecía de extintores y los servicios de luz y gas. En septiembre del año pasado el director de bomberos y protección civil municipal, Juan Armando Vigueras, ordenó una suspensión provisional.

Para entonces ya había sido aceptado a trámite el recurso legal que atacaba la declaratoria de “insubsistencia” que derivó en el cierre de Kash Naucalpan y otros cuatro locales operados por Exciting Games. El 3 de noviembre del 2016, un juez mandató levantar los sellos municipales. Y pronto otro juez resolvería sobre la sanción de la autoridad regulatoria.

Pero las llamas consumieron casi dos terceras partes de la construcción, que ocupa 7,000 metros cuadrados de un predio aledaño al Periférico. Hasta el momento, personal de la Fiscalía General de Justicia no ha realizado peritajes en el predio. Y este mediodía se realizará la audiencia de garantías. Al día siguiente del siniestro, desde Denver, el presidente de Grupo Kash, Gordon Burr, remitió una comunicación para reportar que el siniestro no arrojó víctimas humanas. Empero, “se perdió la totalidad de nuestros activos y mucha de la información y documentación, con respecto a nuestras operaciones en México”.

Kash era uno de los cuatro casinos que el grupo de inversionistas representado por este empresario estadounidense operaba en México. Los cinco locales donde funcionaban sus casinos estaban arrendados y, según Burr, habían quedado bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación desde su clausura.

Tres años después, este litigio vive un nuevo capítulo. En junio del 2016, los abogados de Burr acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial para demandar una indemnización del Estado mexicano que -considerando los costes del juicio- rebasaría los 100 millones de dólares.

Los inversionistas alegan haber sufrido pérdidas significativas, derivadas de actos ilegales y arbitrarios del gobierno mexicano, y reclaman las siguientes violaciones al TLCAN: a) artículo 1102: Trato Nacional; b) artículo 1103: Nación Más Favorecida; c) artículo 1105: Nivel Mínimo de Trato, y d) artículo 1110: Expropiación y Compensación.

Previamente, los inversionistas habían desistido de las demandas interpuestas en distintas instancias del Poder Judicial de la Federación. Y justo hace tres años -el 24 de mayo del 2014 para ser precisos- habían presentado una carta de intención para convocar a una conciliación amistosa, pero la instancia regulatoria “no ha dado respuesta o ha contestado con formalismos, evasivas o argucias legales”. Entonces “decidimos presentar una demanda en el marco del TLC para reclamar los daños y perjuicios causados a nuestros inversionistas”, resumió Burr. El arbitraje internacional demanda la intervención de la Secretaría de Economía pues se lleva al amparo del capítulo XI del acuerdo internacional.

Obligados a responder a ese emplazamiento, los funcionarios mexicanos tendrían antes que revisar el resultado del juicio iniciado en una Corte de distrito en Denver (expediente 1:2016cv01358), interpuesto por los inversionistas de Exciting Games contra Alfonso Rendón Abud, Luc Pelchat y Benjamín Chow del Campo, quien hasta hace poco presumía de su cercanía con el secretario de Gobernación.

EFECTOS SECUNDARIOS

RATIFICACIONES. Los órganos autónomos pasan por etapas de renovación: el INAI estrena nuevo presidente, Francisco Javier Acuña, y la Comisión Federal de Competencia Económica será nuevamente encabezada por Alejandra Palacios. Dentro de tres meses, el Senado deberá procesar la ratificación de Gabriel Contreras como presidente del IFT. Y mientras, el pleno de esa instancia deberá resolver sobre la separación funcional de Telmex-Telnor y la aplicación del resto de las medidas en la última resolución del IFT. Si Gabriel Conteras pretende mantenerse como titular del órgano regulador, está en sus tareas determinantes escuchar a la industria y a todos los actores del sector, continuar con lo que el IFT ha iniciado sin marcha atrás y promover la transparencia.

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