Los últimos días han estado marcados por una creciente preocupación sobre la situación de las finanzas públicas en algunos países desarrollados.

Aunque la atención se ha enfocado en las economías más frágiles de la Unión Europea como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España, el problema no es exclusivo de estos países. La magnitud de los déficit públicos de estos países, que ronda 10% del PIB, es similar a la de otras economías como Alemania, Reino Unido y EU.

Hasta ahora, EU ha hecho un buen trabajo de convencer al mundo que el incremento en el déficit es una situación coyuntural y que gradualmente se irá normalizando a niveles más prudentes. Sin embargo, existen algunos observadores que son un poco más escépticos en cuanto a la facilidad con la que se puede lograr esta meta.

Los escépticos apuntan a que las presiones sobre las finanzas públicas en EU existen desde antes de la Gran Recesión debido a los crecientes costos que implica para el gobierno la seguridad social y médica para una población envejeciente. La Gran Recesión sólo ha acelerado el deterioro de las finanzas públicas.

El gobierno del presidente Barack Obama enfrenta la muy difícil tarea de realizar ajustes fiscales en el mediano plazo para mantener políticas que estimulen la economía y el empleo. El déficit al cierre del 2009 alcanzó 1.4 billones de dólares, equivalente a aproximadamente 10% del PIB y se espera que para el cierre del 2010 la cifra baje a 1.3 billones de dólares. Las proyecciones de mediano plazo anticipan una reducción del déficit a niveles de 4.6% para el 2013, año en que termina el periodo presidencial de Barack Obama, y de 3% para el 2015.

Este ajuste se puede llevar a cabo con una combinación de alzas en los impuestos y recortes en el gasto. Sin embargo, en el más reciente plan presupuestal propuesto por la Administración Obama, el ajuste fiscal está principalmente enfocado en incrementos en recaudación vía mayores impuestos mientras que una mayor frugalidad en el gasto brilla por su ausencia. Para los escépticos el reto luce monumental. El presupuesto de Obama planea incrementar la recaudación vía nuevos impuestos por un monto de 2 billones de dólares en los próximos 10 años.

El plan contempla alzas importantes en los impuestos a las empresas, sobre todo aquéllas con operaciones internacionales mediante restricciones que disminuyan la deducibilidad de los impuestos pagados en las subsidiarias internacionales. Asimismo, Obama pretende elevar la tasa impositiva a las familias que ganan más de 250,000 dólares al año de 35 a 36.9 por ciento.

El presupuesto también planea mayores impuestos a las compañías de energía no renovable así como el reestablecimiento del impuesto a las herencias. Estas medidas podrían tener un impacto negativo en la economía americana ya que muchas de ellas crean incentivos que juegan en contra de la inversión, la generación de empleo y la competitividad.

Es claro que EU necesita llevar a cabo un ajuste fiscal en el mediano plazo. De lo contrario pondría en riesgo la estabilidad económica que le ha permitido generar tanta riqueza y bienestar para su población. Sin embargo, resulta preocupante que las medidas de ajuste fiscal pongan tanto peso en el sector privado mientras el sector público parece engordar de una manera sin precedente.

Si además de estas medidas añadimos la agresiva retórica de la actual administración contra algunos sectores de la iniciativa privada como los bancos, se corre el riesgo de crear un ambiente de incertidumbre para el sector privado. Algunos que favorecen estas iniciativas argumentan que el sector privado es el culpable de la crisis financiera actual y de la Gran Recesión y que ahora el sector público debe jugar un papel más prominente para evitar una reedición de la catástrofe económica.

Desde el punto de vista de este columnista, es cierto que el epicentro de la actual crisis fue en el sector privado (en el financiero para ser preciso) pero se dio con una amplia complicidad de los gobiernos y su falta de regulación adecuada.

El ambiente actual se presta para que haya una sobrerreacción que nos podría llevar a un entorno de excesiva participación de los gobiernos en la actividad económica y una sobrerregulación que entorpezca el accionar del sector privado. Históricamente ésta ha sido una pésima receta. Esperemos que los gobiernos de los países desarrollados resistan esta tentación y se enfoquen en mejorar la regulación en lugar de asfixiar el sistema mediante medidas excesivas.