Impuesto a la radio y televisión
El que los tiempos fiscales se obtengan por la vía impositiva genera, además, graves distorsiones desde el punto de vista tributario.
Recursos públicos
Eduardo Revilla
Profesor Derecho Fiscal ITAM
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Eduardo Revilla

Las recientes revisiones al marco normativo de la radio y la televisión se han enfocado en la creciente presencia gubernamental en los espacios comerciales de concesionarios privados, con el fin de aprovechar una audiencia que las estaciones públicas nunca han podido construir.

La explotación del espectro radioeléctrico por parte de particulares los obliga a prestar el servicio de radiodifusión gratuitamente, de ahí que la audiencia no paga por sintonizar estos medios. Los ingresos de los concesionarios provienen, entonces, de la comercialización del llamado tiempo aire. El aprovechamiento del espectro se sujeta al pago de derechos y aprovechamientos -como en cualquier concesión- pero, además, a la cesión de los conocidos como tiempos de Estado (30 minutos diarios), a encadenamientos nacionales y a la transmisión de boletines oficiales, de la hora nacional y del Himno Nacional.

La cobertura de los medios electrónicos a los sucesos de octubre de 1968 provocó en el presidente Díaz Ordaz una iracunda reacción que apuntó al retiro de las concesiones privadas.

La mesura se impuso, pero no impidió que el gobierno estableciera un impuesto adicional a la radio y a la televisión de 25% sobre los pagos de los anunciantes a los medios, impuesto que se cubriría en adición al resto de tributos que paga cualquier empresa nacional.

La imposibilidad económica de solventar este impuesto derivó en un decreto que otorgaba la opción de enterarlo mediante la cesión de 12.5% del tiempo aire en favor del gobierno (adicional a los tiempos de Estado). Fue así como nacieron los llamados tiempos fiscales. Desde entonces, el impuesto se ha cubierto en especie y no en dinero.

Este decreto de 1969, surgido de una cortapisa a la libertad de expresión, fue modificado por el presidente Fox en el 2002 para fijar que el pago opcional mediante tiempos fiscales implicaría la transmisión diaria -en los horarios de mayor audiencia- de 18 minutos para la TV y 35 minutos para la radio. Resulta irónico que el gobierno del cambio se montara en una medida antidemocrática como ésta.

El que los tiempos fiscales se obtengan por la vía impositiva genera, además, graves distorsiones desde el punto de vista tributario, al tratarse de una contribución altamente ineficiente y contraria a los principios fiscales que rigen internacionalmente.

El tiempo aire constituye el único elemento con el que cuentan los medios para comercializar su programación. Las pautas comerciales son limitadas, no sólo por disposición legal, sino para evitar que la audiencia cambie de canal. El que los tiempos fiscales ocupen gratuitamente este espacio limita la posibilidad de comercializar dicho tiempo aire. La reducción de las utilidades de una concesionaria por este mecanismo reduce, en esa medida, la posibilidad de gravar esos recursos con ISR y con IVA. La eficiencia de un impuesto implica que el gravamen a una actividad no debe desalentar su realización. Si con este impuesto pierden las empresas, sus trabajadores y el erario público, el impuesto es ineficiente.

El Estado debe distorsionar lo menos posible el mercado, por lo tanto, no es deseable que cobre impuestos en especie para hacerse de los bienes que requiere (tiempo aire en este caso), sin pagar por ellos su precio.

Adicionalmente, este impuesto de tipo indirecto no se justifica en economías como la nuestra, que decidieron gravar la venta de bienes y servicios con un impuesto generalizado al consumo, como el IVA. La implementación del IVA en 1980 se sostuvo como un mecanismo de simplificación al gravar, con un solo tributo, la actividad económica nacional. La subsistencia de este impuesto resulta disconforme con la del IVA. Un impuesto a la radio y la televisión no existe en ningún otro país. Por lo menos, no en aquellos regidos democráticamente.

Tampoco puede explicarse este impuesto bajo la clasificación de los tributos especiales, como el IEPS, pues esta contribución grava actos que generan externalidades negativas (costos sociales), como los que resultan del consumo de alcohol, tabaco y gasolinas. Estos productos tienen una demanda inelástica, lo que permite incrementar su precio, mediante los llamados impuestos al pecado, sin afectar el nivel de consumo. Esto no sucede con la radio y la televisión, pues el anunciante tiene otros medios para publicitar sus productos.

Resultaría interesante escuchar, aunque sea en uno de los miles de comerciales gubernamentales, alguna justificación seria y razonada sobre la subsistencia de este impuesto en pleno siglo XXI.

El que los tiempos fiscales se obtengan por la vía impositiva genera, además, graves distorsiones desde el punto de vista tributario.

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