El rezago educativo
Sin Fronteras
Joaquín López-Dóriga Ostolaza
Consejero de El Economista
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Joaquín López-Dóriga Ostolaza

A principios de esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la más reciente edición del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA). Los resultados siguen ubicando a México entre los países con más bajo puntaje en las tres categorías evaluadas: matemáticas, ciencia y lectura.

Esto se da a pesar de que México destina cada vez más recursos públicos a la educación.

Durante las últimas dos décadas y media, México ha venido incrementando su gasto en educación —desde 3.7% del PIB en 1990 hasta 5.2% en el 2011, de acuerdo con cifras de la UNESCO— siendo uno de los países emergentes que dedica una proporción más alta de su PIB a este rubro.

De acuerdo con el informe, entre los 70 países evaluados, México se ubicó en el lugar 56 en matemáticas (tres lugares debajo del ranking del 2012), en el lugar 58 en ciencias (dos lugares debajo del 2012) y se mantuvo en el puesto 55 en lectura. Asimismo, el estudio de la OCDE revela que menos de 1% de los estudiantes evaluados se encuentra dentro del decil más alto de estudiantes analizados.

La evidencia sugiere que el sistema educativo en México está sumamente rezagado. Los resultados también hacen evidente que el gran problema de la educación en México no se explica únicamente por una escasez de recursos sino por una pésima distribución de éstos.

Los maestros juegan un papel clave en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes y el rubro de compensación a maestros representa el componente más importante del gran gasto que hace México en educación.

Sin embargo, la distribución de los recursos etiquetados para la compensación de maestros está altamente influida por el gremio magisterial en México, dominado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Desafortunadamente, estos sindicatos, en complicidad con el gobierno federal y los gobiernos estatales, han utilizado parte de los recursos que se destinan a la educación para erigirse como grupos de poder altamente politizados y no necesariamente para mejorar la calidad de la educación en nuestro país.

Históricamente, los líderes de los grupos magisteriales han estado más ocupados en extraer y mantener rentas y prebendas que en capacitar y compensar adecuadamente a los maestros para educar a los niños y adolescentes de México.

Aunque el problema es muy complejo, la evidencia está en la falta de correlación existente entre los niveles de gasto en educación y los pobres resultados de los alumnos mexicanos en pruebas estandarizadas a nivel internacional. De acuerdo con un estudio del Foro Económico Mundial, la mayoría de los países que destinaron montos similares como porcentaje del PIB al gasto público en educación obtuvo resultados superiores a México en estas pruebas. No es casualidad que los países emergentes que más han avanzado en competitividad y bienestar de su población en los últimos 15 años, como Corea del Sur, son los que mejores resultados han tenido en la arena educativa.

En el Informe PISA, Corea del Sur ocupa el lugar siete en matemáticas y lectura y el lugar 11 en ciencias. La reforma educativa es sin duda una condición necesaria, pero no suficiente, para romper esta inercia negativa de mayor gasto y menor retorno en cuanto al nivel de calidad educativa.

La reforma enfrenta varios obstáculos en su implementación y ejecución, ya que vulnera los intereses políticos de importantes grupos de poder. Sin embargo, el gobierno debe ser firme en transformar el sistema educativo de nuestro país, recompensando a los maestros, capacitándolos, mejorando los planteles y evitando el despilfarro de recursos en abusos sindicales y corrupción gubernamental.

joaquinld@eleconomista.com.mx

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