El plan fiscal de la administración Trump
Recursos públicos
Eduardo Revilla
Profesor Derecho Fiscal ITAM
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Eduardo Revilla

El futuro del paquete es incierto, ya que no establece cómo recortar el altísimo déficit que se produciría, sobre todo por la reducción en la tasa corporativa

La administración del presidente Donald Trump parece afinar los términos de su plan fiscal, aunque el futuro de esta propuesta sigue siendo un tanto difuso. El anuncio hecho hace unos días por la Casa Blanca se basa en temas generales que aún requieren de precisiones importantes. Veamos las más notables.

La propuesta excluye al llamado Border Adjustment Tax (BAT) o Impuesto de Ajuste Fronterizo (el cual analizamos aquí mismo hace unas semanas) por el que se limitaban las deducciones en el Impuesto sobre la Renta (ISR) de bienes o insumos adquiridos fuera del territorio estadounidense. Esta última limitante habría resultado claramente violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados fiscales suscritos por Estados Unidos con decenas de países, incluido México. La obviedad de los costos de un tributo proteccionista de esta naturaleza hizo desistir a sus promotores —como Paul Ryan— de su implementación.

Esta nueva propuesta incide en el ISR de personas físicas y morales. Para las primeras se propone una tarifa de tres estratos de ingresos (sin especificar esos montos) con tasas de 10, 25 y 35 por ciento. Aun cuando desaparecerían la deducción del ISR estatal y las deducciones personales —manteniendo los donativos caritativos y los intereses de créditos hipotecarios— se duplica la deducción ciega para quedar en 12,700 dólares (y el doble para contribuyentes casados). De igual forma, se eliminaría el impuesto a las herencias que afecta, esencialmente, a las clases medias altas. Como un estímulo a la clase adinerada, se reduciría el impuesto a las ganancias de capital por venta de acciones de 23.8 a 20 por ciento.

Para las empresas, la propuesta más significativa es la reducción de la tasa corporativa del ISR de 35 a 15%, lo que implicaría una disminución de los ingresos fiscales por alrededor de 2 billones de dólares en los próximos 10 años.

Por último, se planea eliminar el llamado impuesto mínimo alternativo. Esta contribución introducida en la administración del presidente Nixon elimina —en el cálculo del ISR— los efectos no deseados de diversos estímulos fiscales (como las donaciones o la depreciación acelerada) para evitar la obtención de pérdidas fiscales.

El futuro del paquete, aunque bienvenido por la comunidad empresarial, es aún incierto, debido a que no establece cómo recortar el altísimo déficit que se produciría, sobre todo, por la disminución de la tasa corporativa de 15 por ciento.

Este alivio impositivo, aunado a la adopción de un sistema territorial (por el que se exentan ingresos obtenidos del extranjero), si bien habrá de atraer capitales a Estados Unidos, lo haría ahora bajo los términos de un régimen fiscal preferente. Esto es muy grave, al menos desde la perspectiva de la legislación mexicana, pues los pagos que hicieran contribuyentes mexicanos a residentes fiscales americanos ya no gozarían de las tasas de retención impositiva preferenciales acordadas en el tratado fiscal entre ambos países, sino que se sujetarían a una retención de 40 por ciento. Erróneamente, México no incluyó una excepción para evitar esta tasa de 40% para países con quienes tenemos tratados fiscales. Ahora, Estados Unidos podría pagar al Servicio de Administración Tributaria el precio de convertirse en un paraíso fiscal.

@erevillamx

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