El campo exige apoyos (subsidios, transferencias, privilegios fiscales). En México suman unos 70,000 millones de pesos anuales, incluyendo 16,000 de Procampo que representa una simple entrega (sin contraprestación alguna) de aproximadamente 1,000 pesos por hectárea por ciclo agrícola. Obvio que quienes poseen las mayores superficies se llevan la “tajada de león”; muchos reciben hasta 200,000 pesos cada año del erario público.

En apariencia, esto es lo que cuesta mantener sedado al fantasma del estallido social. Más de la quinta parte de la población nacional se considera rural, vive y se ocupa en actividades agropecuarias, aunque son evidentes la aceleración migratoria y el envejecimiento demográfico.

En los países hoy desarrollados esta transición se completó durante los siglos XIX y XX, y allá la proporción de población rural es apenas de unos cuantos puntos porcentuales del total. Esto es algo casi tautológico: el escape de la pobreza y lograr ingresos relativamente elevados implican aumentar la productividad del trabajo humano de manera generalizada, lo cual sería imposible si se mantuviera un alto porcentaje de población en el campo.

El sector rural, sin embargo, es mucho menos conocido como el mayor vector de impactos ambientales y climáticos en la economía nacional. En el imaginario colectivo aún sobrevive un culto pertinaz al universo rural, que lo oculta, justifica o exonera. Es difícil traicionar nuestra ancestral memoria campesina, todavía radiante de conmovedores significados históricos y culturales. Pero la realidad, en un fugaz repaso, nos obliga.

La deforestación y la destrucción de la biodiversidad terrestre, al igual que la erosión y la desertificación, han sido y son empujados abrumadoramente por la agricultura y la ganadería, actividades que ocupan 70% del territorio nacional.

La agricultura consume cerca de 80% del agua en el país, que en buena medida se desperdicia. Con tarifas subsidiadas de electricidad (tarifa 09) y costo cero para el agua extraída, se han sobreexplotado y puesto en agotamiento más de 100 acuíferos subterráneos. El nitrógeno y el fósforo de fertilizantes es probablemente la mayor fuente de contaminación de aguas.

Además, el sector agropecuario es uno de los generadores más conspicuos de gases de invernadero en México, con cerca de la cuarta parte del total (deforestación, metano en instalaciones pecuarias y óxido nitroso por el uso de fertilizantes).

A futuro, el escenario es dramático. La población de México se acercará a los 140 millones de habitantes hacia la mitad del siglo y a 10,000 millones en el mundo, mientras que los patrones de consumo serán energética y territorialmente más ine­ficientes al privilegiarse carnes y lácteos dado el incremento en los ingresos.

Al parecer, sólo un nuevo salto tecnológico y nuevos arreglos institucionales permitirían aumentar la productividad por hectárea. De lo contrario, selvas, bosques, tierras, aguas y el clima del planeta serán diezmados. En este escenario, ¿qué significan entonces los apoyos y las políticas en el campo?

La Sagarpa debe un análisis detallado, una explicación pública y una estrategia seria a largo plazo.