De que es preciso alinear las tarifas en el DF con los costos operativos del sistema, no cabe duda. El subsidio es enorme, provoca un gran boquete en las finanzas públicas de la ciudad (cerca de 6,000 millones de pesos, suficientes para construir una línea de Metro cada dos años o tres de Metrobús anualmente); impide renovar la infraestructura y ofrecer un servicio de calidad, y peor, representa un incentivo perverso para los consumidores.

Sin embargo, el aumento de tarifas en curso y en ausencia de una iniciativa de reforma institucional al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, significará más que nada un lance recaudatorio sobre contribuyentes cautivos; en especial, sin una cobertura adecuada de micromedición (medidores). Recordemos que en el DF es muy precaria -tal vez efectiva en 20% del total de tomas.

Las tarifas adquieren significado sólo dentro del conjunto de todas las variables que describen una operación eficiente, equitativa y sostenible en cualquier sistema de agua. Con todas ellas se requiere crear un lenguaje y una narrativa coherente sobre los problemas del agua, para evitar que la opinión y el análisis se disipen como vaho en los medios de comunicación, y se desinforme y paralice el ánimo de corresponsabilidad de los ciudadanos.

Con las tarifas como sustantivo solitario, el discurso es ininteligible y las decisiones son superficiales en el mejor de los casos -como puede ocurrir ahora en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Entonces, además de la micromedición ya introducida, hablemos también de eficiencia física (volumen de agua facturado entre volumen producido), de eficiencia comercial (volumen cobrado entre volumen facturado), de tratamiento de aguas residuales, del costo y de la eficiencia de operación, y de disponibilidad real o efectiva de agua al consumidor en sectores de la ciudad. Es la única forma de saber si vamos mejor o peor, cuáles son las prioridades de política, cómo nos comparamos con otras ciudades y si es aceptable o no un aumento de tarifas.

Así, el aumento de tarifas sólo tendría sentido como instrumento elemental de política y administración pública dentro de un planteamiento de reforma institucional al sistema de aguas y, por supuesto, no como fin en sí mismo.

Sólo una reforma institucional motivada por las variables antes mencionadas sería capaz de ofrecer un servicio de calidad para todos los consumidores, una gestión hidrológica eficiente y sostenible, y racionalidad a las finanzas del gobierno de la ciudad. La nueva arquitectura para el sistema sería obvia y está a la vista en varias ciudades del país y del mundo con una gestión exitosa:

autonomía del organismo o sistema operador, mandato e incentivos consistentes, profesionalización y continuidad de cuadros, Gobierno Corporativo plural y transparente, autosuficiencia financiera, regulación eficaz separada de la operación y alianzas público-privadas. El aumento en las tarifas sería justificable únicamente en el contexto de una reforma institucional de este cuño.

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