La iniciativa sobre la reelección de los legisladores no es nueva ni innovadora. Es una propuesta añeja que no ha logrado transitar por cuestiones políticas y coyunturales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En un inicio, la Constitución de 1917 no restringía la reelección de miembros del Poder Legislativo. En 1933 se llevó a cabo una Convención del Partido Nacional Revolucionario (actualmente PRI) para modificar la Carta Magna e incluir la “no reelección” para fortalecer el régimen presidencial y consolidar la centralización del poder. De esta manera crearon incentivos para que los legisladores respondieran a la voluntad del Presidente o del partido en el gobierno, quienes se adjudicaron el privilegio de asegurar la promoción política de aquéllos.

Las reformas fallidas

Diversos han sido los intentos para introducir nuevamente la reelección en la Constitución. Uno de lo primeros se presentó en 1964, cuando la Cámara de Diputados aprobó eliminar la prohibición y los senadores revirtieron la decisión, porque sabían que la distribución de cargos populares era un mecanismo de control. Dos años más tarde, el Partido Acción Nacional presentó la misma propuesta, pero ni siquiera fue debatida.

En la historia reciente del país, legisladores de todos los partidos han presentado iniciativas que apuntan en esa dirección, mientras académicos y especialistas han desarrollado las bondades que conllevaría una reforma de esta envergadura. De hecho, un estudio del Servicio de Investigación y Análisis de la LIX Legislatura reveló que en 62% de las fuentes hemerográficas consultadas entre 1997 y el 2004 se apoya la reelección legislativa.

En esta tendencia, los 33 senadores priístas de la actual Legislatura presentaron, en febrero del año pasado, una iniciativa que, entre otros temas, proponía la reelección de los diputados hasta en dos ocasiones y la de los senadores por una vez, argumentando: “En las circunstancias actuales, la permanencia de la no reelección ya no tiene razón de existir y únicamente genera un Congreso débil”. Tomando en cuenta que “un Legislativo fuerte no puede entenderse sin parlamentarios profesionales y expertos en sus temas”, los priístas en el Senado consideraron “indispensable introducir la reelección consecutiva en el Parlamento mexicano”.

Sin embargo, el 12 de octubre, integrantes del PRI en la Cámara de Diputados votaron contra la reelección, modificando el voto de sus correligionarios, como en el 2005, cuando los diputados priístas aprobaron la medida, que fue rechazada en el Senado.

La esquizofrenia priísta

Además de los bandazos ideológicos que han dado los legisladores del PRI a lo largo de su historia, su esquizofrenia se refleja claramente en el dictamen que ayer se sometió a votación en la Cámara de Diputados, donde se afirma que las comisiones dictaminadoras “no coinciden con el tema de la reelección contenido en la minuta”, pero que “no están en contra de la no reelección”, considerando necesario que se resuelva en una consulta popular para que los ciudadanos definan si están en favor o en contra de la reelección consecutiva.

El PRI continúa el juego del “sí, pero no” a la reelección. Por un lado, proponen en el Artículo 35 constitucional que la materia electoral no pueda ser objeto de consulta popular pero, por otro lado, sugieren un artículo transitorio para que la excepción a esta disposición sea la reelección consecutiva de legisladores.

Todavía creen que el electorado sigue dormido y no se percata de sus argucias. Juegan con decisiones trascendentes para la vida pública y no caen en cuenta de que se encuentra en juego la consolidación y eficacia de la democracia.

La no reelección es un lastre para la democracia mexicana porque impide las negociaciones políticas entre representantes populares que cada tres años son remplazados por personas que desconocen los procedimientos parlamentarios o, en el mejor de los casos, por legisladores que van brincando de puestos sin el aval del electorado, pero sí de la cúpula partidista (como varios diputados priístas que votaron contra la propuesta).

De continuar así, el rumbo de la nación seguirá en manos de políticos que no responden por sus decisiones u omisiones. No se empoderará a los ciudadanos para que castiguen o premien a las autoridades electas y las dirigencias partidistas mantendrán la facultad de imponer candidatos respondiendo a una lógica de concesiones y dádivas políticas.