En los próximos comicios habrán de renovarse 2,122 cargos de elección popular por medio de 15 procesos electorales locales además del federal, en el que podrán votar casi 80 millones de mexicanos.

En julio del 2010 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR (Fepade) dio inicio a los preparativos para los comicios del 2012. Como parte de un diagnóstico integral se identificó la necesidad de hacer énfasis en la prevención del delito electoral, promover la denuncia ciudadana, aumentar la productividad ministerial, ampliar la presencia en las elecciones locales y promover una reforma penal electoral.

Uno de los principales retos para la Fepade en el 2012 consistirá en atender un incremento sistemático en la incidencia delictiva, como la compra y coacción del voto, el desvío de recursos públicos y programas sociales, cambios masivos de domicilios y credenciales de elector (turismo electoral) y nuevas amenazas como lo es el crimen organizado. Tan sólo en el 2011, el número de averiguaciones previas aumentó 120% (2,631) respecto del 2006 (1,179) y podría alcanzar 4,000 en el 2012.

Por esa razón se puso en marcha una estrategia de fortalecimiento que se concentró en aumentar la productividad en materia de procuración de justicia electoral, misma que se ve reflejada en el aumento de asuntos que la Fepade ha llevado ante los tribunales federales.

Como ejemplo de ello, en el 2011 el número de indagatorias concluidas aumentó 25% (1,779) con respecto al 2010 (1,420); de julio del 2010 a la fecha se ha consignado el equivalente a 34% (1,555) del total consignado en la historia de la Fepade (4,493) y el número de sentencias condenatorias se incrementó en 83% (425) respecto del 2010 (237). Todo esto, pese a una disminución de 30% del personal de la Fiscalía.

Asimismo, con motivo de los procesos electorales locales del 2011, se promovió una ampliación de la cobertura ministerial de 450%, se suscribieron 17 programas de trabajo con autoridades electorales y gobiernos estatales, se capacitaron 25,535 personas en materia de delitos electorales; se distribuyeron 157,367 materiales de prevención y se difundieron 231,328 impactos en radio y 80,009 en televisión. Todo lo cual coadyuvó a inhibir el delito y generar condiciones adecuadas para los procesos locales.

Por otro lado, como parte de la estrategia integral de cara a las elecciones del 2012, se impulsó una reforma que considera actualizar los tipos penales electorales, con el propósito de atender nuevos riesgos y amenazas a 18 años de la última modificación en la materia, misma que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados.

Si bien sería deseable que la Fiscalía cuente con un marco legal fortalecido y herramientas que permitan garantizar la legalidad de las elecciones, se ha venido trabajando a partir de las atribuciones con las que cuenta actualmente por medio de diversas políticas públicas, entre las que destacan:

1.- Campaña intensiva de prevención del delito y promoción de la denuncia en medios electrónicos, con el fin de convertir a los ciudadanos en aliados de la legalidad.

2.- Blindar el uso de recursos públicos para evitar que sean usados con fines electorales y castigar estos ilícitos con toda la severidad de la ley.

3.- Elaborar mapas de riesgo así como generar información de inteligencia electoral que permita disuadir amenazas concretas y focalizar las acciones en materia de procuración de justicia electoral.

4.- Ampliar la cobertura del despliegue ministerial y atender incidentes de manera inmediata.

5.- Fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio con otras instancias del gobierno federal, autoridades electorales locales y federales y los gobiernos de las 32 entidades federativas.

A través de estas acciones, la Fepade coadyuvará a garantizar la legalidad de los procesos electorales y actuará con total imparcialidad, sin distingos de grupo o partido y con estricto apego a la legalidad, con el fin de que el próximo 1 de julio los ciudadanos puedan ejercer su voto libremente, se respete la equidad de las contiendas y los procesos electorales puedan desarrollarse en un clima de paz y tranquilidad.

*Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la PGR.