Son muchos los actores que intervienen en la generación de vivienda en el país y quienes desde sus respectivos ámbitos de competencia deben hacer lo necesario para asegurar un desarrollo habitacional sustentable y, en consecuencia, ciudades armónicas y competitivas.

Uno de los factores clave en esta ecuación son los estados y municipios: ellos tienen la última palabra en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y reglamentación para la edificación habitacional.

Si nuestra meta es contar con ciudades mejor planeadas, debemos revisar y adecuar de la normatividad local en materia de desarrollo urbano y fraccionamientos, además de apoyar a las autoridades para que cuenten con mejores herramientas de planeación.

Como parte del Programa de Competitividad Municipal en materia de Vivienda, que emprendió Infonavit para promover las mejores prácticas en desarrollo urbano y sustentabilidad de la vivienda, se realizó un diagnóstico del marco jurídico que regula a los fraccionamientos y desarrollos de vivienda de las 32 entidades federativas.

Este análisis nos arrojó, entre otros factores, que 40% de la legislación urbana está dispersa en más de un instrumento; 60% de las legislaciones no cuenta con una descripción completa del procedimiento de permisos y autorizaciones, y 87% de las áreas de donación en las unidades habitacionales no se calcula con base en la densidad del fraccionamiento.

Predomina, además, la ausencia de instituciones técnicas de planeación urbana descentralizadas de las autoridades locales; la falta reglamentación municipal que permita aplicar leyes estatales y mecanismos de gestión o financieros para impulsar el cumplimiento de la normatividad, así como una definición clara de responsabilidades entre las distintas dependencias municipales y/o estatales.

Derivado de este análisis y atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Vivienda, así como organizaciones especializadas como el Centro de Transporte Sustentable, se desarrolló un reglamento tipo en materia de desarrollo urbano y vinculación con el entorno.

Este reglamento incorpora, en otros, criterios como mayores densidades de vivienda; usos mixtos del suelo en los fraccionamientos que combinen los servicios, comercios y equipamiento con la vivienda; conexión a transporte público de calidad; una planeación de calles y avenidas que considere vehículos, ciclistas y, sobre todo, para los peatones; espacios públicos de calidad y mayores áreas verdes; el uso obligatorio de ecotecnologías para el uso eficiente del agua y la energía, así como diversas tipologías de vivienda en un mismo desarrollo que posibiliten la formación de un tejido social incluyente.

En alianza con el Centro de Transporte Sustentable, se está trabajando con 14 municipios y tres estados de la República que han manifestado su interés en aplicar estas recomendaciones y adecuar sus reglamentos de construcción, códigos urbanos, leyes de desarrollo urbano y vivienda, leyes de fraccionamientos y reglamentos de zonificación, entre otros. Hay que destacar que estos estados y municipios concentran alrededor de 16% de los créditos originados anualmente por el Instituto.

Para este año nos hemos planteado el objetivo de impulsar, además, el financiamiento de instrumentos de planeación urbana a nivel local, en conjunto con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Nacional de Vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal.

La meta del Infonavit es no sólo impulsar la generación de vivienda con mejores condiciones arquitectónicas y barriales, sino contribuir al crecimiento ordenado, planificado y sustentable de las ciudades mexicanas, incentivando con ello la calidad de vida de sus acreditados.

*Director General del Infonavit.