Recomendaciones de la OCDE que están sin cumplir
CREDITO: 
Maribel R. Coronel

Si hablamos de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para México, es inevitable recordar que ha hecho innumerables en torno al sector salud. Se entendería obvio que tendrían un lugar prioritario, pues en este ámbito la OCDE ha sido clara y tajante sobre lo que el país necesita para superar el estado crítico en que se encuentra desde hace décadas el sistema de atención mexicano.

De hecho, en el rubro de la salud, la OCDE ha emitido ya dos estudios profundos sobre el Sistema de Salud de México, y aunque ha habido ciertos avances como la reducción del gasto empobrecedor o la mortalidad infantil, realmente éstos quedan opacados ante los enormes retos de todo lo que falta por hacer porque es la hora en que, la propia OCDE señala, estamos lejos de alcanzar una cobertura efectiva y servicios de calidad.

En su último informe, la OCDE hizo ver el más preocupante: el conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, con precios diferentes y con resultados diferentes. Léase aquí IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y servicios de salud de Pemex, de Sedena y de los estados.

La afiliación a cada institución no está determinada por la necesidad, sino por el empleo de las personas, lo cual funcionó para el siglo pasado, pero cuando el elevado desempleo se convirtió en una constante, la gran mayoría de la población se quedó sin cobertura, y ello ha implicado muy elevadas ineficiencias y costos elevadísimos por duplicidades, pues millones de mexicanos están afiliados a dos o más instituciones públicas. Además, en función de la institución a la que estén afiliados, pueden tener atención médica de primer mundo o atención de quinta.

Junto con esta inequidad, la OCDE ha hecho ver que México tiene uno de los menores presupuestos de salud respecto del tamaño de la economía (6.2% del PIB cuando en otros países de similar desarrollo, incluidos algunos de AL, es superior a 8 por ciento).

Por si eso no fuera suficiente, una gran proporción del gasto público en salud se va a cuestiones administrativas. La proporción del presupuesto nacional de salud en gasto administrativo es de 10%, la más alta de la OCDE.

Es algo ya muy sabido por todos los actores involucrados, y todos coinciden en que México necesita construir un sistema de salud más equitativo, eficiente y sostenible, pero siempre se queda en discurso. Ni qué decir del gasto de bolsillo en salud que igualmente es uno de los más elevados de la OCDE, con todo y que la creación del Seguro Popular se supone que tendría el objetivo de reducirlo.

El estudio de la OCDE identifica los pasos adecuados, a corto y mediano plazos, para poder llevar a cabo la reforma requerida para atender estos problemas. En el documento el organismo reconoce que dado que es poco probable que ocurra una reorganización estructural del sistema en un futuro cercano, el enfoque inicial tendría que ser ampliar los convenios entre instituciones.

Los convenios por lo pronto entre el IMSS, de Mikel Arriola; ISSSTE, de José Reyes Baeza, y Seguro Popular, de Gabriel O’Shea, tendrían que permitir, al menos desde un punto de vista funcional, una mayor integración del sistema para romper con ineficiencias.

La OCDE recomendó en su último reporte que las enfermedades de alto costo, la atención a la maternidad y los procedimientos quirúrgicos electivos podrían ser los primeros a incluir en convenios interinstitucionales. Propuso, entre otras cosas, paquetes de atención para diabetes y otras enfermedades crónicas.

Pero todas esas recomendaciones a la fecha no se ha visto que hayan avanzado.

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