Durante los meses recientes, el sector inmobiliario nacional ha sufrido los efectos de una crisis financiera que limitó el acceso al financiamiento, sembró incertidumbre en el mercado y puso en entredicho la realidad y el tamaño de la demanda.

Pero el hecho es que la estructura demográfica del país sigue cambiando y que ello implica una compleja maraña de fenómenos de movilidad ciudadana y empresarial, factores ambos que, modifican e incrementan también la demanda de espacios para vivienda, esparcimiento y trabajo.

Y es tan fácil como esto; el Censo de Población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), apenas el año pasado, daba razón de la existencia de 112 millones 336,538 mexicanos. Pero mucha atención, porque estimaciones del mismo organismo nos dicen que al finalizar el primer semestre de este 2011, esta cifra -agregando nacimientos y restando defunciones- habría llegado a 113 millones 724,226 ciudadanos.
Estos datos se entienden mejor si recordamos que anualmente unen sus vidas, considerando matrimonio y unión libre, más de 700,000 parejas.

Y ojo, porque si hace 30 años el promedio de hijos por familia era de tres, hoy es muy común encontrar parejas que sólo quieren un chamaco o que incluso no tienen entre sus planes de vida tener descendencia, así como personas que toman la decisión de vivir solas, lo que implica nuevos y desconocidos retos en materia de vivienda.

A primera vista resulta evidente la necesidad de generar nuevos espacios para estas flamantes familias y ciudadanos, pero el mismo INEGI nos da un conjunto de datos difícil de entender; existen en el país 35 millones 717,724 viviendas; de las cuales, poco más de 2 millones son de descanso y casi 5 millones están deshabitadas. Resulta así que los 112.3 millones de mexicanos censados en el 2010 viven en 28.8 millones de viviendas, con un promedio de ocupación de 3.9 personas por cada casa o departamento.

Y surge de nuevo la pregunta fatal, ¿siguen faltando viviendas? Sí, el problema, un problema grande y complejo, es que mientras hay cerca de 5 millones de viviendas terminadas asoleándose, el rezago habitacional se concentra en la población más pobre y en lugares que poco tienen que ver con centros urbanos dotados de infraestructura y servicios públicos. ¿Cuál es entonces el verdadero reto del sector vivienda? La pobreza.

Y es al respecto que hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó un estudio con datos demoledores: 52 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza, de ellos 11.7 millones enfrentan lo que académicamente llamamos pobreza extrema.

Entendámonos, son pobres quienes enfrentan al menos una carencia social y tienen un ingreso inferior, medido por persona y mensualmente, a 2,114 pesos en zonas urbanas y 1,329 pesos en zonas rurales. Y enfrentan pobreza extrema quienes padecen tres o más carencias sociales y tienen un ingreso inferior, medido también mensualmente y por persona, a 978 pesos en zonas urbanas y 684 pesos en zonas rurales.

Hay que aceptarlo el verdadero reto habitacional de México se llama pobreza y la única forma de enfrentarlo es creando condiciones para el mayor desarrollo económico de las familias y las ciudades. Condiciones que incluyan desde luego mejores infraestructuras y marcos regulatorios que abaraten de origen la vivienda y permitan crear soluciones adecuadas en tanto que, con un aumento significativo en montos y calidad de los empleos, se fortalezcan las capacidades de ahorro y compra de nuestra población.

Cocinan ley inmobiliaria

¿Quién no tiene una historia macabra que contar relacionada con una transacción en el mercado inmobiliario?
Lo más probable es que esto sea resultado de la falta de experiencia, conocimiento e incluso honestidad, del “especialista” inmobiliario encargado de llevar a buen término la operación.

Con el fin de revertir esta tendencia, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, presidida por Adán Larracilla Márquez, está trabajando con los órganos legislativos en una iniciativa que busca dar forma a una ley inmobiliaria nacional.

Este proyecto busca hacer de la competencia un camino para modernizar la calidad de los servicios que ofrecen los profesionales inmobiliarios, combatir la informalidad, incrementar la recaudación fiscal, profesionalizar la industria y generar mayor control y transparencia en la información de este sector.

Suena bien…

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