Ayer México perdió a 15 jóvenes en Ciudad Juárez, se abonarán a los más de casi 17 mil ejecutados en lo que va del sexenio.

Fue (es aún) un día triste.

El silencio oficial me parece falta de oficio, síntoma de un Presidente al que no recuerdo ya en algún momento de cercanía con ciudadanos.

La histeria y la soberbia como modo de gobierno.

Eso me parece reprobable, pero lo que me parece preocupante es la falta total de humildad y reflexión en torno al combate al narcotráfico. El mismo día que jóvenes eran cazados por las calles de Ciudad Juárez, el Presidente se congratulaba por los duros golpes asestados al narco... en Japón.

¿Podemos hacer un corte de caja? ¿Nos puede Calderón hacer el recuento de pérdidas y ganancias? ¿El ejército en las calles fue la solución a una meta que el resto no conocemos?

Seguridad y justicia: complementos, no sustitutos

En 2008 se aprobó la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. El texto final fue el complicado balance de dos objetivos.

En primer lugar, la iniciativa presidencial impulsada por el Senado que buscaba mayores facultades punitivas para perseguir al crimen organizado: medidas cautelares, ampliar la cooperación entre policía y ministerio público, dotar a las policías de facultades de investigación y la creación de una policía única.

En segundo lugar, una iniciativa generada por la Red de Juicios Orales e impulsada por la Cámara de Diputados, que buscaba: debido proceso, certidumbre jurídica, transparentar procesos penales, forzar el contacto entre acusados y jueces, y garantizar imparcialidad del proceso penal.

Tuve la oportunidad de co-escribir justamente el capítulo sobre esta reforma en el libro Un Congreso sin Mayorías: mejores prácticas en negociación y construcción de acuerdos, publicado por el Centro de Colaboración Cívica y Flacso; y en las conclusiones del capítulo mencionamos:

"Ampliar las capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado y, al mismo tiempo, brindar mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos... el encuentro reiterativo entre un Estado que reclama el uso legítimo de la violencia en su territorio y una democracia que debe ofrecer una impartición de justicia expedita y cierta".

El destino de la reforma es de todos conocido: el Estado obtuvo mayores facultades, pero las modificaciones al sistema de justicia penal siguen en espera y se refieren a dos puntos concretos: modificación del 20 constitucional que establece que el proceso penal serán acusatorio y oral, y el 21 que define al Ministerio Público como un actor que investiga, no juzga.

Hasta ahí todo bien, pero en el artículo segundo transitorio señala:

"Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto".

Ciudad Juárez es síntoma de que la estrategia meramente punitiva no funciona. El Operativo Conjunto Chihuahua llevó al ejército a Ciudad Juárez desde marzo de 2008, y desde marzo de 2009 se desplegaron 14 mil elementos del ejército que tomaron, literalmente, el control de la ciudad. En 2009 hubo 2,635 ejecutados en la Juárez: o no pueden con el problema o son parte de él. No hay de otra.

Una sola pregunta a Felipe Calderón: ¿cuándo piensa usted implementar las reformas al sistema penal de justicia?

En la guerra contra (y entre) el narco, los ciudadanos tenemos un solo lado: la ley.

¿Podemos pensar que se puede ganar la guerra contra el crimen organizado en un país con un sistema de justicia deficiente, oscuro y sesgado? ¿Podemos realmente afirmar que en Estado es un refugio al que corremos en busca de justicia? ¿Alguien puede decir sin vueltas que en la cárcel están los culpables, y no sólo los que por su situación de vulnerabilidad no pudieron tener un juicio justo?

Desde el 18 de junio del 2008, Felipe Calderón creó la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal, y nombró como encargado al panista Felipe Borrego Estrada. Esta Secretaría lleva dos años de presupuesto y la reforma aún sigue sin ser implementada. Las resistencias federales y locales son fuertes.

En un país en el que el sistema de impartición de justicia carece de credibilidad y confianza, no hay guerra contra el crimen que pueda ganar: el gobierno nos ha negado la posibilidad de pensar que hay un futuro en el que podemos establecer, como sociedad, relaciones cooperativas.

Debido proceso, juicios justos, transparencia en procedimientos, respeto a derechos humanos; son factores institucionales que expanden nuestra sombra de futuro y fortalecen al Estado en su lucha contra quienes violen la ley.

Rompen con el monopolio mental de la idea del Estado como un Leviatán represor; y nos mueven a pensar en el Estado como un actor dedicado a elevar el valor de tiempo en sus ciudadanos: señalarnos que el futuro existe y darnos herramientas cognitivas y materiales para esperarlo

El Estado mexicano no ha enviado las señales claras y necesarias para que quienes no-cooperan muten a estrategias cooperativas. De nuevo, hay dos lados: evidenciar que en el largo plazo dentro de la legalidad se puede vivir mejor y al tiempo, proveer los recursos mínimos para la paciencia (i.e. la sobrevivencia digna dentro de la Ley).

La muerte de estos 15 jóvenes en Ciudad Juárez nos obliga a exigir a Felipe Calderón que agilice la implementación de la reforma al sistema penal de justicia en México.

Señor Presidente, si la muerte de estos mexicanos le duele y consterna como a nosotros, honre su memoria dándonos la certidumbre jurídica de la que hoy carecemos y que nos inhibe a estar por completo de su lado en esta guerra contra el crimen.

:: Twitter: @sopecontodo