A mi entender, el proyecto original del Ministro Arturo Zaldívar sobre la guardería ABC tenía como propósito establecer tres relaciones causales.

Primera, la magnitud de la tragedia era atribuible a las condiciones físicas de la guardería, y por tanto, constituye una violación a garantías constitucionales, en tanto que su provisión corría a cargo del Estado.

Segunda, las deficiencias en las condiciones de la guardería ABC no eran un hecho aislado, sino que eran síntoma de un patrón generalizado en el sistema de guarderías a cargo del IMSS, subrogadas o no, y por tanto, las omisiones alcanzarían los más altos niveles de decisión local, estatal y federal.

Tercera, la facultad constitucional de la Suprema Corte para 'averiguar' violaciones a garantías (tal como está redactada en el artículo 97 constitucional), implica la identificación de responsables aun cuando bajo esta facultad las decisiones no sean vinculantes judicialmente.

Tengo para mi que en el establecimiento de estas tres relaciones causales radicaba su aporte: al violar garantías, el Estado no es una caja vacía, sino que la violación de estas garantías corre a cargo de instituciones; y los funcionarios de más alto rango son titulares de las acciones y omisiones de las instituciones a su cargo.

En fin, que la verticalidad de éstas no diluye responsabilidades.

Por mayoría de votos, la Corte respaldó el primer punto y desechó los dos últimos: el Estado violó garantías de los 49 niños y niñas que perdieron la vida y los 104 que sobrevivieron con graves daños a su integridad física; pero en esta violación no hay responsables, hay involucrados y éstos son sólo los directamente vinculados a las funciones asociadas a las condiciones de la guardería.

En cuanto a la segunda, la Corte concluyó que las condiciones de la guardería ABC no formaban parte de un patrón extensivo a otras guarderías y por tanto no había un 'desorden generalizado'. Con esta decisión, la Corte exculpó en automático a altos funcionarios, a quienes se les disculpan anomalías... aparentemente.

Identifico aquí una trampa doble. En primer lugar, bastaría con demostrar que las pésimas condiciones de seguridad de la guardería ABC no eran un hecho aislado, para poder trasladar responsabilidades a los titulares de las instituciones involucradas en las acciones u omisiones que catalizaron la tragedia. En segundo lugar, la discusión de la corte se centró en la medición de cumplimiento con normas de seguridad (vía su documentación) y no en las conclusiones de la visita ocular a guarderías seleccionadas bajo un muestreo estadísticamente representativo y desarrollado por la UNAM que encontró, entre otras cosas, que: 57% de no tenían detectores de humo; 13.2% tenían una distancia a la salida mayor a 40 metros; 41.7% no tenían salida de emergencia; y 45% no tenían un sistema de alarma sonora.

Las condiciones de la guardería ABC que permitieron que el incendio derivara en una tragedia de las dimensiones que tuvo, no son una anomalía y ello es responsabilidad de funcionarios de alto rango en los tres niveles de gobierno.

Hubo algún ministro que incluso declaró que no había normatividad que obligara a tener seguridad en las guarderías y que por tanto no se había violado ninguna ley. Como si generar esa normatividad no fuera obligación de funcionarios.

En cuanto a la tercera relación causal, creo que leer el término 'averiguar' como uno que no implica 'responsabilizar' es una interpretación restrictiva y burda de la Constitución. Deja al Estado como una entidad nebulosa en la que sus miembros en el sector gubernamental no son titulares de sus acciones u omisiones.

Concuerdo con quienes creen que en esta facultad de la Corte las decisiones no deben ser vinculantes por dos razones. Primero, esa ya es labor de otras instituciones, en específico el encuentro de la PGR, el Ministerio Público y el poder judicial. Segundo, si las decisiones de la Corte fuesen vinculantes, como lo menciona José Woldenberg en su editorial esta semana en Reforma, pondríamos a la última instancia judicial como la primera instancia y eso despoja a los acusados del debido proceso.

Pero ello no implica que en una decisión vinculante la Corte no pueda identificar un vínculo entre un Estado que viola garantías y la identificación de quienes dentro del Estado son responsables de esa violación.

Y entonces, ¿qué nos quitó la Corte?

Después de más de un año de la muerte de 49 niños y niñas (y parece que uno tiene que repetir esta cifra para entender la magnitud de la tragedia), las instancias persecutorias han fallado en castigar a los culpables; mientras que la Suprema Corte se negó a dimensionar la tragedia dentro de las obligaciones del Estado y nombrar ahí, responsables.

La Corte rompió de un jalón el nexo entre acciones/omisiones y responsabilidad; entre la autoridad asociada a un cargo y la incumbencia en las facultades del cargo.

En la democracia tendemos a pensar que la rendición de cuentas se reduce a un vínculo estrictamente electoral entre gobernados y gobernantes, en el que los primeros pueden premiar o castigar a los segundos vía el voto. Este vínculo es en el mejor de los casos imperfecto, por una razón simple: información asimétrica. Los gobernantes tienen acceso a información privada sobre su desempeño que usualmente preferirían no compartir con los votantes, mientras que para los votantes la adquisición de información es costosa.

Bien, los propios teóricos de la democracia han identificado otro eje de rendición de cuentas indispensable para que el anterior funcione. Adam Przeworski lo llama 'criminal accountability' (rendición de cuentas criminal en español), en el que horizontalmente, instituciones autónomas generan información y alarmas sobre el desempeño de gobernantes.

La Suprema Corte, la IFAI, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el propio IFE cumplen esa misión elemental en la democracia: identifican violaciones, las reportan y aplican correctivos.

Sin la información y las señales generadas desde estas instituciones, se rompe un eslabón indispensable en la rendición de cuentas democrática, y los funcionarios, representantes y demás actores políticos quedan inmunes ante sus acciones.

Lo que la Corte nos quitó es justo lo mismo que nos quitó el TEPJF cuando concluyó que en la elección del 2006 el gobierno federal y actores privados violaron el código electoral, pero era imposible sancionarlos. Nos quitó lo mismo que el IFE cuando concluyó que el extinto Partido Social Demócrata incurrió en delitos electorales pero que éstos no eran ya motivo de castigo.

Nos quitaron la posibilidad de asignar responsabilidades e imponer costos. Nos quitaron una herramienta indispensable para hacer efectiva la rendición de cuentas.

En fin, al diluir responsabilidades y legalizar la impunidad, la Corte nos quitó el disfrute de una ciudadanía democrática plena en la que podemos, entre otras cosas, vincular violaciones por parte del Estado y la asignación de responsabilidades, particularmente por parte de aquellos funcionarios con mayor autoridad.