La dependencia abrió un acta circunstanciada por la muerte de Eligio Ibarra Amador, quien fue asesinado tras denunciar robo y tortura de parte de 10 agentes federales.

La SFP destituyó e inhabilitó del servicio público por 12 años al ex director de la empresa paraestatal III Servicios, Agustín Castro Benítez y a dos funcionarios más.

De acuerdo con el contrato para la construcción del monumento, la obra debió terminarse en agosto de 2010 con un costo de 398 mdp.

Actualmente se carece de un marco legal que proteja la integridad de los denunciantes y dé a los ciudadanos la certeza de que sus denuncias serán atendidas.