El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez-Icaza, advirtió sobre los riesgos que representa la crisis económica para la protección de las garantías individuales.

Por ello, durante una reunión de trabajo con integrantes de las comisiones del Distrito Federal y de Derechos Humanos del Senado de la República, el ombudsman solicitó a los legisladores federales.

Ante ellos, mencionó que la crisis y las debilidades de los actores estructurales pueden generar "cuatro consecuencias perversas": el incremento de la pobreza, la desigualdad y la iniquidad, así como la falta de oportunidades.

Alvarez-Icaza destacó que "la crisis no pega igual" porque en los habitantes de nivel socioeconómico medio-alto sólo se basa en el consumo, mientras que a los pobres les significa una reducción significativa en la adquisición de alimentos.

Asimismo, alertó, para esas personas la crisis significa dejar de asistir a la escuela y de comprar medicamentos, lo que es una señal de alarma que requiere la intervención del Estado.

El ombudsman capitalino aseguró que las transferencias financieras no son suficientes, ya que se requiere una política de Estado que garantice el ejercicio pleno de los derechos.

En ese sentido, agregó que es importante que el debate presupuestal sea bajo la óptica de los irreductibles sociales, "no puede ser que en el presupuesto federal se estén haciendo una serie de consideraciones sólo de orden tecnocrática, orden macroeconómico, sin considerar el ejercicio de los derechos fundamentales".

Ante los legisladores federales sostuvo que nueve de cada 10 personas que acuden a la CDHDF son gente pobre que tiene ingresos de mil pesos al mes o menos.

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