Juicios orales en el DF, recelo a su implementación
Aunque este sistema acusatorio prevé reducir el tiempo para emitir una sentencia, el fantasma del fracaso en algunos estados está presente.
Verónica Macías / El Economista
Ene 15, 2013 |
21:31
Las primeras salas orales del TSJDF fueron inauguradas el pasado 7 de enero. Foto: Cuartoscuro

La implementación de los juicios orales en materia penal en la ciudad de México logrará reducir el rezago en cuanto a la dictaminación de sentencias que desde el 2008 se tiene en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como despresurizar el sistema de justicia; sin embargo, ello sólo sucederá si su aplicación es la adecuada, coinciden expertos en materia penal.

A decir del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Enrique Díaz Aranda, este cambio en el sistema procesal penal traerá beneficios para la impartición de justicia, ya que reducirá los tiempos para que se emitan sentencias, habrá una mayor transparencia en los procesos, abatirá la corrupción y despresurizará el sistema de justicia, ya que se calcula que 90% de los casos se pueda resolver por medidas alternas y solo 10% llegue a la audiencia de juicio oral.

No obstante, el penalista Alberto Woolrich alerta que si no se hace una correcta selección de los jueces, este sistema fracasará.

En tanto, Díaz Aranda dice que en la práctica no se han traducido estos beneficios y puso como ejemplo Chihuahua, donde ya se aplican los juicios orales. Recordó que la mayoría de los fiscales, después de las audiencias, no lograban acreditar la responsabilidad penal de los acusados y se dictaban sentencias absolutorias, como el caso del asesino de Rubí Marisol Freyre, hija de Marisela Escobedo, quien fue asesinada a balazos por su activismo.

“Ahí vimos cómo falló el sistema porque el Ministerio Público no supo recabar todas las pruebas que acreditaban la responsabilidad, y como los jueces tuvieron la obligación de ajustarse al Estado de Derecho, tuvieron que absolver al acusado. Y casos como éste se están repitiendo en otros estados como Oaxaca, durante el primer año de implementación, el MP perdió todos los asuntos en audiencias de juicio oral”, advirtió.

Lo anterior, manifestó, pone en evidencia la falta de capacitación que existe en las procuradurías, tanto estatales como en el nivel federal, de este nuevo sistema de justicia penal, el cual es garante y defensor de los derechos humanos, lo que implica proteger los derechos humanos constitucionales y los establecidos en los tratados internacionales ratificados por México.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, manifestó que la falta de voluntad política para destinar los recursos necesarios es lo que ha retrasado la implementación de los juicios orales en materia penal en la ciudad de México.

Luego de que se pusieran en marcha las primeras 20 salas para juicios orales civiles y mercantiles, el Magistrado reconoció que la oralidad en materia penal implicará cosos terribles para la administración local. De acuerdo con cálculos del GDF, se requieren por lo menos 11,000 millones de pesos para su aplicación.

En el 2008 entró en vigor la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal, en la cual se incluyen los juicios orales. Dichos cambios no deben exceder el plazo de 8 años, es decir, para el 2016 debe estar funcionando al 100 este nuevo sistema procesal penal acusatorio.

Con la oralidad se va a acortar el tiempo en dictar sentencia, es decir, el proceso tardará entre tres y cuatro meses y no un año, como normalmente sucede.

Woolrich Ortiz reconoció que el principal obstáculo que ha detenido la implementación de los juicios orales penales en la capital del país es el presupuesto que no se destinó por parte de la Federación y la autoridad local para crear las salas.

Para tener éxito se debe tener una serie de elementos como infraestructura, capacitación, peritos profesionales y de laboratorio, así como la sensibilización de la sociedad.

DIFERENCIAS

  • Sistema inquisitivo
  • El MP investiga, acusa e influye como autoridad para juzgar la culpabilidad o inocencia del acusado.
  • La detención opera como regla general para todos los delitos. La prisión preventiva es una medida cautelar común.
  • La víctima generalmente no participa durante la investigación, ni durante la celebración del proceso penal.
  • Secreto, poco transparente.
  • La víctima y el acusado no tienen oportunidad de confrontar la veracidad de las pruebas en audiencia pública con la presencia del juez.
  • Sistema acusatorio
  • Existe un juez de garantías, otra autoridad juzga la autoridad o inocencia del acusado y un juez de juicio oral o un jurado establece la pena.
  • La libertad es la regla general y la detención es la excepción. Se utilizan otras medidas cautelares que no privan la libertad.
  • La víctima ocupa una parte central en el proceso penal. Participa directamente en la audiencia ante el juez.
  • Público y transparentes las audiencias.
  • La víctima y el acusado tienen la oportunidad de confrontar la veracidad de las pruebas en audiencia pública con la presencia del juez.

veronica.macias@eleconomista.mx

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