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Un rescate financiero a Portugal bajo las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) humillaría al país, dijo el primer ministro luso, José Sócrates, reafirmando su postura en contra de un paquete de asistencia para el endeudado país.

“Si el FMI entra, el país perdería su prestigio y también su dignidad al presentarse al mundo como un país que no puede resolver sus problemas”, afirmó Sócrates “Si el FMI entra, hay 10 millones de portugueses que se verían perjudicados”, agregó.

Portugal es considerado ampliamente como el estado de la zona euro con más probabilidades de necesitar ayuda de emergencia de la Unión Europea (UE) y el FMI, siguiendo los pasos de Grecia e Irlanda, debido a que enfrenta costos de financiamiento de más de 7%, considerados insostenibles.

Pero a días de una cumbre clave de la UE, del 11 de marzo, para la coordinación de las políticas económicas, Sócrates reiteró que Portugal no tiene necesidad de ayuda externa.

“Portugal no necesitará ayuda extranjera ni cualquier otra cosa aparte de la confianza del pueblo portugués”, aseveró el Primer Ministro luso.

A pesar de la creciente presión de los inversionistas y de sus pares para que pida un rescate, con el fin de aliviar su crisis de deuda el gobierno de Sócrates se ha mantenido firme en contra de esa medida, diciendo que puede encarar los altos rendimientos de los bonos por un tiempo.

Sócrates espera que su política de austeridad convenza a los mercados de que el país puede resolver sus problemas por sí mismo y ayuden a rebajar los costos de endeudamiento, mientras se prevé que la cumbre de la UE de esta semana calme los nervios de los inversores.

El rendimiento del bono referencial de Portugal a 10 años alcanzó un nuevo nivel récord de 7.69%, antes de una subasta de hasta 1,000 millones de euros en bonos al 2013.

La participación del FMI en un plan de rescate sería especialmente embarazoso para el gobierno.

Podría ocasionar incluso su caída, dados los malos recuerdos en la ciudadanía de un plan de austeridad del fondo ordenado en la década de los 80. En ese momento, el efecto fue un recorte del gasto, la pérdida del poder adquisitivo y la devaluación de la moneda.

El gobierno ha estado pidiendo una solución europea a la crisis y ha insistido en que está haciendo su parte al reducir el déficit presupuestario, como lo acordó con Bruselas.

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