El infierno de Miriam Carbajal Yescas es encontrar su nombre en Google
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Nov 13, 2016 |
15:54
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Economicón
José Soto Galindo
Editor de El Economista en línea
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Para Miriam Aurora Carbajal Yescas, de 43 años y un hijo de 8, la etapa más difícil de su vida no fueron los tres meses que pasó en un penal controlado por la delincuencia organizada en Matamoros, Tamaulipas, ni los tres meses de arresto preventivo por un crimen que no cometió. La etapa más difícil y dolorosa ha sido el periodo posterior a ese drama judicial: 51 publicaciones digitales relatan su detención en el 2010 como presunta culpable y le han impedido encontrar trabajo, pagar la hipoteca, salir del país. “Ha sido un infierno, otra forma de encarcelamiento. He sido totalmente anulada; no puedo usar mi nombre”. En ninguna publicación se consigna que no hubo pruebas en su contra y que fue puesta en libertad.

Miriam Carbajal trabajó durante nueve años para el Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto de Cancún. Unos días hacía trabajo administrativo; otros, atendía el módulo de recepción de viajeros, revisando documentos migratorios y sellando pasaportes. El primer anuncio del infierno llegó el 2 de marzo del 2010, cuando la Procuraduría General de la República ―a través de la unidad especializada en delincuencia organizada, entonces conocida como SIEDO― la detuvo a ella y a otros doce empleados de la agencia migratoria por su supuesta participación en el tráfico de personas. Fue la entrada a un túnel de atrocidades e injusticia que Miriam Carbajal sigue atravesando.

Los trece fueron trasladados a la Ciudad de México, donde cumplieron 84 días de arresto preventivo (arraigo). Como parte de su estrategia de comunicación, la Procuraduría del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) difundió a la prensa que un juez había otorgado la orden de aprehensión contra esas trece personas “por la probable responsabilidad en la comisión del delito de tráfico de indocumentados”. Serían enviados a un penal en Matamoros, Tamaulipas, para que otro juez, uno instructor, iniciara el proceso penal correspondiente. Pero la probabilidad nunca ha sido una certeza. Sin esperar que se iniciara su proceso, la Procuraduría impuso un primer castigo, de corte moral y de repercusiones incalculables: en su boletín, el número 657, exhibió los nombres de las trece personas aun cuando se trataba de un expediente judicial abierto. Si hoy se buscan esos nombres en Google aparecerán en decenas de publicaciones involucrados con la investigación, nunca con una sentencia en su contra.

Como si se tratase de una broma de sangre pesada, el comunicado de la Procuraduría termina con grandilocuencia: “Hechos como éste reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal por continuar realizando acciones contra las organizaciones delictivas, atendiendo al justo reclamo de asegurar la tranquilidad de la sociedad”.

Al lado del nombre de Carbajal Yescas se encuentran los de Salvador Flores Pacheco, Óscar Flores García, Elmer Rodríguez Ligonio, Israel Alarcón Cholula, César Gustavo Velázquez Pulido, Roberto Domínguez Hernández, Olinka Elide González Ceballos, Angélica Alvarado Ruiz, Miriam Janet Leyva Palacios, Karla Vanesa Noyola Reyes, Carlos Mondragón Jiménez y Omar Fernández Mata.

Ninguna publicación refiere que Miriam Carbajal fue puesta en libertad el 31 de agosto del 2010, 176 días después de su detención en el Aeropuerto de Cancún. Carlos N. A. Olea Peñaflores, magistrado del Segundo Tribunal Unitario del XIX Circuito en Tamaulipas, ordenó su inmediata liberación porque no se encontraron pruebas que la vincularan con el delito que le imputó la Procuraduría. El auto de libertad refiere “falta de elementos para procesar [...] en relación al proceso penal número 055/2010-I [...] por el delito de tráfico de indocumentados, por lo que se ordena la inmediata libertad del nombrado reclusos [sic] en virtud de no encontrarse a disposición de alguna otra autoridad y/o cumpliendo pena diversa a la señalada”.

Y de nuevo el humor ácido e involuntario de la burocracia: “En Tamaulipas avanzamos en seguridad”, presume un sello sobre la orden de liberación.

EN EL BLOG: ¿Qué harías si uno de tus empleados estuvo preso por secuestro?

Una tempestad interminable

Pasaron seis años para que Google incluyera en su buscador el primer enlace donde se relata la injusticia que vive Miriam Carbajal. Es una colaboración fechada el 1 de abril del 2016 por la abogada Gisela Pérez de Acha, de la organización no gubernamental Derechos Digitales, para el sitio Horizontal. Es una reseña del documental Tempestad de Tatiana Huezo, que narra la experiencia de dos mexicanas cuyas vidas fueron trastocadas por el crimen. Una de esas mujeres es Miriam, quien cuenta su paso por la prisión de Matamoros; la otra es Adela, una madre que lleva 10 años buscando a su hija desaparecida. Tempestad ganó el Premio del Público para Documental Mexicano y mención especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) de octubre pasado.

Tatiana Huezo nunca presenta la imagen de Miriam Carbajal en Tempestad, sólo se escucha su voz mientras describe en primera persona las atrocidades de la prisión en Matamoros. Tres meses, 92 días, fueron suficientes para sufrir la tortura, presenciar el asesinato a sangre fría, atestiguar la imposición de una ley férrea por un grupo criminal con poder y esparcida bajo extorsión. Miriam Carbajal era parte de la red de ingresos: debía pagar 5,000 dólares cada mes. Fue un cliente cautivo que si se negaba a pagar con efectivo tendría que hacerlo con la vida. “Yo sabía que no me podían matar porque yo era un negocio para ellos”. Un día escuchó que alguien la nombraba, que la llamaba con ese nombre que hoy no puede usar. Era un emisario del sistema de impartición de justicia: no se encontraron pruebas en su contra y sería puesta en libertad.

Con su liberación comenzó el verdadero infierno: es estigmatizada. “Ha sido difícil para mí reintegrarme a una vida laboral debido a todos estos links que me relacionan con aquellos hechos. Obviamente cualquier empleador pues ve mi nombre ahí y dice que estoy en la cárcel, porque eso dicen las notas, que estoy en la cárcel y que estoy vinculada con el crimen organizado y con el tráfico de personas, ¿no? Esto ha sido otra forma de encarcelamiento, otro tipo de cárcel. Sigo como en prisión, esa es la realidad”.

Para la abogada Pérez de Acha, es “una práctica común” que los medios de comunicación vinculen a personas con delitos de los que no han sido declarados culpables. “Los medios fallan a su deber de verificación. El de Miriam es un caso de presunción de inocencia que los medios deben respetar. Y hay que tomar en cuenta que, con internet y en el entorno digital, una acusación de este tipo, sin que haya una sentencia en contra de Miriam, se agrava, porque es una huella digital, es un tatuaje. Es una marca que se le va a quedar a Miriam por el resto de sus días”. Entre las 51 publicaciones que vinculan a Miriam Carbajal con el tráfico de personas hay que contar una ¡en Wikileaks!, el sitio de Julian Assange dedicado a hacer del mundo un lugar más transparente y que puso en aprietos a la candidata demócrata Hillary Clinton con la divulgación de sus correos electrónicos.

Miriam Carbajal cree que su detención se debió a una presión política que exige resultados de la Policía contra el crimen en México, un país donde sólo en septiembre pasado se denunciaron 84 secuestros, 1,974 homicidios, 1,141 violaciones y 13,614 robos a casas y negocios, de acuerdo con datos del proyecto social ciudadano Semáforo Delictivo. “Tanto los policías federales y toda esa gente están comprometidos con una rendición de cuentas, pero no hacen ningún trabajo ministerial ni de investigación. Ellos solamente están preocupados porque la finalidad es dar resultados políticos y de cifras, pero no existe una procuración de justicia. Hacen más política que investigación ministerial, entonces pues agarran a la gente sin tener pruebas y le destrozan la vida”. Como a ella.

La entrevista con Carbajal se realizó una semana después de la cita original. Carbajal se comunicó por correo electrónico para disculparse por el inconveniente: “Le escribo porque por primera vez después de seis años tendré una cita de trabajo mañana, que se empalma con la hora que habíamos acordado para platicar. Recién me avisaron”. El 3 de noviembre, cuando pude comunicarme con ella vía telefónica a Cancún, me contó que la habían rechazado. “¿Tú emplearías a alguien con esos antecedentes? ¿Que está relacionada con el crimen organizado? Es terrible el daño que se le puede hacer a alguien”. Una huella digital la persigue, una huella producida sin justificación ni elementos en su contra. Es un castigo moral en el que participaron la Procuraduría y los medios de comunicación que recuperaron el boletín del 25 de mayo del 2010.

EN EL BLOG: La humillación como destino y castigo. Entrevista con L.M. Oliveira

Una reputación manchada

El juez texano Ted Poe, republicano del Tea Party, fue conocido por imponer castigos morales a quienes pisaban su estrado. Sus penas eran tan humillantes que se ganó el apodo de El Rey de la Vergüenza. Hoy tiene un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero incluso él tiene un límite. “Cuando te acusan en internet, no te asiste ningún derecho. Y las consecuencias son peores. Quedas marcado en todo el mundo, para siempre”, le dijo Poe al periodista Jon Ronson en el libro Humillación en las redes (Ediciones B, 2015).

Los medios tienen una “incidencia bastante poderosa” en la construcción de culpables, opinó el abogado Aldo González Melo, quien ha litigado en procesos constitucionales y es experto en temas de presunción de inocencia y medios. “Hay una responsabilidad yo creo intrínseca en los profesionales de la información respecto a sus sistemas de justicia”, dijo en entrevista. En términos académicos, Carlos G. Gregorio escribió en el 2005: “La difusión indiscriminada de sentencias judiciales y la capacidad de un motor de búsqueda en internet pueden llegar a un nivel de exposición de los datos personales desproporcionado con la finalidad de difundir la jurisprudencia”.

González Melo recomienda que los periodistas tengan preparación en materia legal para conocer los límites e identificar la situación jurídica de las personas antes de realizar una publicación que pueda afectar el derecho a la privacidad, pero sin perder de vista el principio de no censura. Para el caso de las víctimas, considera que exponer sus casos es la mejor vía para limpiar su imagen. “Es importante exponer esta suerte de tragedia personal, que tu vida pase de la esfera privada a la pública o que se distorsione de una forma tan dramática de un día a otro. La única forma en la que estas situaciones pueden salir a la luz es justamente armándose de valor y comunicarlo para que después tú tengas una forma nueva de enfrentar una realidad que ya se vio alterada, que ya quedó totalmente sesgada”, dijo González Melo.

Es el camino que ha emprendido Miriam Carbajal. Aconsejada por la abogada Pérez de Acha, no busca la aplicación del llamado derecho al olvido ―que en Europa permite a los ciudadanos la eliminación enlaces con información caduca―, para evitar conflicto con la libertad de expresión; ella sólo pide que se actualice la información publicada a través del derecho de réplica. “Me atrevo a decir que esto ha sido un poco más duro que la misma cárcel, porque la cárcel terminó, pero esto no tiene fin. Muchas veces no veo cómo pueda yo continuar. No puedo ni siquiera usar mi nombre. Es una lucha constante”.

EN EL BLOG: La posición de Google sobre el derecho al olvido

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