Los candidatos a puestos de elección popular no están obligados -por disposición de ley- a transparentar sus bienes.

“Ni siquiera (de) los funcionarios actuales podemos conocer sus declaraciones patrimoniales. En general, las declaraciones patrimoniales están consideradas como información confidencial. A menos que el titular de la información (...) autorice el acceso público”, explicó el especialista John Ackerman.

El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre cuyas líneas de investigación se encuentra el rubro “rendición de cuentas”, puntualizó que la situación no es sólo con candidatos.

“También los gobernantes, el Presidente de la República, los senadores, los secretarios de Estado no están obligados a hacer públicas sus declaraciones de bienes”, añadió.

Desde la sociedad civil se hacen esfuerzos en este tema. La organización Causa en Común que encabeza María Elena Morera promueve la firma de Compromisos de Transparencia con candidatos a las gubernaturas estatales 2010.

Entre los compromisos que asumen los aspirantes se encuentra hacer pública su declaración patrimonial “en lo inmediato” y repetir el ejercicio hasta el último año de gestión, en caso de ganar los comicios respectivos.

Además, los aspirantes se comprometen a presentar al Congreso local una iniciativa de reformas a la ley estatal de transparencia, que por lo menos se equipare con la ley federal en la materia, “permitiendo en la práctica ciudadana un verdadero acceso a la información”, se estipula.

Hasta el momento son tres los candidatos que ya firmaron los compromisos con Causa en Común. Ellos son Gabino Cué, Francisco Olvera y Xóchitl Gálvez, de acuerdo con información proporcionada por la misma organización.

En tanto, los medios de comunicación han dado cuenta que otros candidatos a Gobernador han hecho pública su declaración de bienes, la cual fue registrada ante notario público.

Sin acceso a la información

El investigador Ackerman indicó que cuando una persona asume un cargo público existe la obligación por ley de presentar una declaración patrimonial al contralor correspondiente y cada año se tiene que actualizar.

“El problema es que los ciudadanos no tienen acceso a esa información”, finalizó.

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