Vivimos en un país donde las campañas políticas nunca terminan. En cuanto se anuncia el resultado oficial y el candidato ganador recibe su constancia de mayoría; en cuanto las protestas poselectorales terminan, los recursos de impugnación corren su curso y el tribunal genera su dictamen, un silencioso interruptor se activa y todo empieza de nuevo.

Este fenómeno es mucho más palpable a nivel federal, donde el tiempo que toma el partido político derrotado en superar el shock de la derrota es casi infinitesimal; al día siguiente ya están las piezas puestas y los entramados estratégicos empiezan a desenvolverse rumbo al siguiente sexenio.

Se pretende que creamos que vivimos en un régimen democrático, donde el “pueblo” elige la opción de su preferencia y ésta, una vez en el poder, gobierna para todos, mientras los demás aceptan su derrota, replantean sus ofertas políticas y hacen una suerte de gobierno a la sombra, que siga defendiendo posturas e intereses de partido en instancias correspondientes.

Pero no funciona así. Sea porque nunca fuimos capaces de superar esa interminable “transición” de la que todavía se habla con cierto pragmatismo. O porque, como elaboran otros, presas de un pesimismo seudocientífico: no tenemos la democracia en nuestro código genético.

Se discute si la agenda de las campañas deberá circular alrededor de los grandes problemas nacionales. Y, ahora, los equipos de campaña de Peña Nieto, AMLO o Vázquez Mota (me adelanto a la elección interna más sosa de la historia) se sientan a debatir si su candidato será el del empleo, la seguridad, el de primero los pobres o algún otro lema que suene bonito en los miles de spots que se regalaron en la legislación electoral del 2007.

Sabemos que algunas regiones del país tienen graves problemas de seguridad. Que se libra una suerte de guerra contra el crimen organizado y el desorganizado, que a veces parece sin cuartel, y otras sin esperanza. Que la educación del país está secuestrada por un sindicato. Que la economía flota en el mar incierto donde las olas de Wall Street y Bruselas son capaces de darnos un remojón a todos.

¿Qué van a decir los candidatos? Podemos anticiparnos a sus discursos, que se leen como plantillas refritas de años anteriores: apostarán por mayor seguridad, Estado de Derecho, mayor crecimiento, reforma fiscal integral, renovación educativa, por generar miles de empleos, aumentar la salud, generar infraestructura, blah, blah.

¿Le vamos a creer cualquier discurso reformista a un partido que dedicó los últimos años a obstaculizar cualquier reforma que pudiera modificar algo sustantivo y darle un voto de confianza a la administración priísta?

¿Tiene credibilidad un partido que ha dedicado su discurso y acción legislativa (por llamarle de algún modo) a confrontar, atacar, insultar, descalificar, mandar al diablo las instituciones? Incapaz de elegir su propia dirigencia sin pasar por los encabezados de la política sucia, pero capaz de contrabandear un narcodiputado al congreso, sólo porque podía. Un partido conformado por tribus, algunas de las cuales todavía consideran que sus causas y verdades van por encima de las leyes y las instituciones públicas.

¿Qué credibilidad tiene otro partido que ha sido incapaz de gobernar con políticas públicas consistentes? Incapaz de elaborar estrategias de comunicación social, que todavía considera a la cultura y las artes como una suerte de “condimento”. Que postula a quien sea con tal de ganar. Que tuvo seis años a un presidente dicharachero y simpaticón que eludió cualquier responsabilidad pública seria que no fuera lucir botas en foros europeos. Un partido que reacciona lentísimo frente a las coyunturas nacionales, que arrastra dogmas anquilosados como si fueran valores implícitos, sin reflexionar o saber de dónde salieron.

Es casi inevitable terminar cualquier análisis de méritos partidistas, lo que dicen, lo que proponen y lo que terminan haciendo, con este impasse, donde miramos la boleta con disgusto y cierta atracción por la casilla en blanco.

Ahí radica la mayor paradoja, porque es precisamente en ese desmayo, en ese desinterés y descrédito que nos merece la clase política y sus “valores”, donde ha florecido el tipo de política que se hace en México.

Quizá es el momento de que como sociedad empecemos a caer en cuenta que el gran problema nacional no es el narco ni el SNTE, ni los intereses corporativistas priístas ni la falta de transparencia, los golpes entre diputados y tampoco la fragilidad económica.

El gran problema nacional es un problema moral de una clase política acostumbrada a hacer y decir lo que le da la gana a sabiendas de que no tenemos de otra más que darles un gastado voto de confianza y volver a repartir las fichas presupuestales.

¿Hasta dónde puede llegar una sociedad entrampada en ese círculo vicioso?

Twitter @rgarciamainou