La Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua empezarán a operar hoy en Ciudad Juárez para aplicar programas sociales que lleven a disminuir el alto índice de homicidios, actualmente situado en 6.3 diarios, y continúan a la espera de que el gobierno federal acepte respaldar el esfuerzo con 3,000 millones de pesos.

Fuentes federales y la Vocería del Operativo Conjunto Chihua­hua comentaron a El Economista que éstos serían los primeros pasos aplicables tras la petición del gobernador José Reyes Baeza de trasladar los tres poderes del Estado para no sólo dar con los responsables de la masacre de la semana pasada, sino también inhibir el crimen organizado.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación descalificó las recientes declaraciones del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, pues manifestó que es falso que el gobierno no haya mostrado interés en la problemática de Juárez.

“Es falso que el gobierno federal atienda hasta este momento la problemática que la entidad enfrenta desde una óptica integral. En este sentido, las declaraciones del Gobernador carecen de fundamento”, se detalló en un comunicado. Incluso, explicó, las acciones emanadas de la Federación se han llevado a cabo con recursos propios y no con dinero de la administración local ni estatal.

El presidente del PAN, César Nava, calificó como una “maniobra teatral” que el gobernador Reyes Baeza busque trasladar las sedes de los poderes del Estado a Juárez.

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