¿Otra vez le cobraron de más en su recibo de luz o teléfono? ¿Una inmobiliaria le entregó su casa con defectos? ¿No le dan litros de a litro? ¿La televisión por cable no transmite sus partidos favoritos? ¿El banco le cobra interés sobre interés?

La buena noticia es que muy pronto los consumidores podrán poner fin a los abusos o mal servicio que cometen algunas empresas o servicios públicos, a través de las demandas colectivas.

El 10 de diciembre, los senadores aprobaron reformar el Artículo 17 de la Constitución “donde básicamente se hace una mención explícita de las acciones colectivas y se nos otorga personalidad jurídica a grupos de ciudadanos y a las asociaciones civiles debidamente constituidas”, explica a El Economista Daniel Gershenson, presidente de Alconsumidor, una de las asociaciones civiles impulsoras de este proyecto.

El representante asegura que de esta forma “se abre la puerta de par en par a la justicia colectiva, de modo que los ciudadanos puedan emprender acciones en caso de afectaciones contra malos proveedores, por violaciones a los derechos humanos, en casos de salud… cualquier cosa que persiga el bien público”.

“Las acciones colectivas permiten reunir en un solo procedimiento judicial que en otros casos por vía individual no es viable económicamente. Esto trae muchos beneficios agregados, pero el principal es mejorar el acceso a la justicia”, dice por su parte Alberto Benítez, profesor de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, y uno de los que ayudó a elaborar la iniciativa.

Agrega que en “un cálculo optimista esperamos que esta ley pueda entrar en vigor a finales del primer semestre del año entrante”.

Cabe destacar que aunque las acciones colectivas son un instrumento que ya existe en la Ley Federal de Protección al Consumidor desde 1975, sólo ha sido utilizada en seis ocasiones (destaca el caso de Neoskin y AirMadrid) y con poco éxito, ya que los procesos judiciales la mayoría de las veces se ven atrapados por recovecos legales.

Poco éxito en el pasado

Al respecto, Benítez explica que la Profeco ha tenido poco éxito en las demandas colectivas porque las realiza bajo procedimientos creados para casos individuales, por eso ha enfrentado muchas dificultades en la concepción que tienen los jueces.

Por su parte, Daniel Gershenson descartó que con esta figura legal se puedan iniciar demandas frívolas o efectuar chantajes.

“La gran ventaja de esta ley es que busca castigar a las empresas sin escrúpulos, mientras que las que cumplen no tienen nada qué temer. La ley facultará a la sociedad civil a hacer valer sus derechos”, concluyó el director de Alconsumidor.

glopez@eleconomista.com.mx