Afinan en México acciones colectivas

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Ilse Santa Rita / El Economista

Si usted se ha enfrentado a situaciones de mal cobro de agua, luz, Internet, o en general le han dado “gato por liebre” en sus compras de productos o renta de servicios, contar con las figuras jurídicas y procedimientos adecuados podría facilitarle exigir a las empresas el cumplimiento de sus promesas.

Las acciones colectivas son una facultad que la ley le otorga a los grupos de consumidores de presentar sus inconformidades ante las autoridades correspondientes en caso de incumplimiento o daños al consumidor cuando se venden productos o presta un servicio.

En México, a partir de julio del 2010, entraron en vigor los cambios al Artículo 17 de la Carta Magna donde se reconocía la figura de las acciones colectivas y desde ese momento comenzó a correr el plazo de un año para que el gobierno delineara leyes secundarias que le permitieran operar.

Hoy jueves se votará en la Cámara de Diputados la ley reglamentaria que establecerá los procedimientos para que los consumidores puedan ejercer este derecho.

Este proceso es distinto al que se lleva a cabo ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamado “Quejas grupales”, que son presentadas ante la Profeco con el fin de obtener un procedimiento conciliatorio. Las acciones colectivas, por su parte, se presentan ante el Poder Judicial.

“La acción colectiva es un instrumento jurídico que faculta a un grupo organizado o disperso para obtener resarcimientos económicos por malas prácticas. Las materias de aplicación son prácticamente ilimitadas”, explicó Daniel Gershenson, cofundador de AlConsumidor.

La diferencia consiste en que uno recurre directamente al Poder Judicial sin mediación alguna de la Profeco.
¿Cómo está México en esa materia?

“México es probablemente el único país de América Latina que no tiene la figura de las acciones colectivas con mecanismos eficientes de protección”, expresaron representantes AlConsumidor, Poder del Consumidor, Oxfam y el Barzón.

Hay casos ejemplares como los de Estados Unidos, donde fueron los empresarios quienes exigieron la creación de dicha figura, pues este procedimiento les facilita atender una demanda en vez de cientos de ellas, ejemplificó Adriana Labardini, cofundadora de AlConsumidor.

Por su parte, la Profeco atiende reclamaciones dentro de su competencia. De enero a marzo del 2011 recuperó 248 millones de pesos en favor de los consumidores, según informó la dependencia.

Vía internet se resolvieron 98 de cada 100 quejas, en sólo 19 días en promedio, recuperando el total del monto reclamado por los consumidores. De las 30,127 queja en total, 2,976 fueron hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Telcel tuvo 1,492 y Dish 1,054 quejas.

Se iniciaron 2,203 procedimientos por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y los proveedores más sancionados fueron la CFE (61 sanciones), Aviacsa (39) y Telcel (31).

Esperar que un consumidor se vuelva más participativo va de la mano con convertirse también en un ciudadano más participativo, pues muchos de los derechos de los consumidores comparten esencia con otros ámbitos de derecho, agregaron las asociaciones.

Los cambios a la ley permiten que se colectivice un procedimiento que hasta ahora era únicamente individual, pero en México esté por aprobarse, aunque falto de elementos que favorezcan realmente al consumidor, manifestó Daniel Gershenson.

Un ejemplo de un sistema de acciones colectivas efectivo es que el consumidor, sin tener que presentarse a juicio, pueda ganar un caso y que le sea enviado un cheque en retribución hasta su casa. En México, el usuario tendrá que trasladarse al domicilio social del demandado, “obligando a la gente a pagar grandes cantidades para litigar en el D.F.”, explicó Labardini.

isantarita@eleconomista.com.mx