La diferencia del 1% en la tasa del IVA por la venta de bienes, prestación de servicios o arrendamiento que se celebró con anterioridad a las nuevas disposiciones, se pagó con cargo al presupuesto del 2010.

Así lo establece la circular que se envió a las oficialías mayores de todas las dependencias de la administración pública federal.

De acuerdo con el comunicado interno, las dependencias también tendrán que hacer retenciones del impuesto al valor agregado a personas físicas de acuerdo al 16 por ciento. Se aplicará el 0.66% y para autotransporte será de 0.25 por ciento.

De igual manera la administración pública tendrá que sujetarse a las nuevas reglas en cuanto a comprobantes fiscales digitales. Por el momento seguirán siendo válidos los de papel hasta que se agoten.

El fiscalista de Deloitte, Francisco Macías, dijo que las modificaciones fiscales afectaron el consumo del gobierno porque la ley es para todos.
“La ley es pareja independientemente de si eres o no consumidor final”, señaló.

Rentas congeladas

Por otro lado, se estableció que para el presente año, los arrendamiento de bienes inmuebles que las instituciones públicas serán por el monto igual o menor al del contrato anterior.

Lo anterior ante el impacto de la crisis económica mundial en la economía y en los ingresos públicos.

En la disposición se pide a las dependencias tomar con cautela las decisiones de arrendamiento debido a que en el 2010 se anticipa que la recuperación en la economía global será moderada.

Por lo que se estima que el país continuará enfrentando presiones sobre las finanzas públicas y por tanto, se espera una menor disponibilidad de recursos para el sector público.

Refiere que en ese contexto, el gobierno ajustó el presupuesto del sector público a la realidad económica imperante y establecer para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, diversas medidas de ahorro, austeridad y eficiencia que deberán adoptar en el año 2010, entre las que se encuentran, la reducción del gasto administrativo y de operación y la restricción de contratar nuevos arrendamientos para oficinas públicas.

lflores@eleconomista.com.mx

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