El comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar, advirtió que es urgente y necesario debatir el secreto fiscal, el cual se considera un tema incómodo y tabú.

“Éste es un tema que habrá que llevar hasta sus últimas consecuencias. Hay que pedirles a los legisladores que lo aborden y aclaren de una vez por todas”, aseveró.

Dijo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no puede esgrimir el secreto fiscal, para negarse a difundir la lista de los beneficiarios de la cancelación de créditos fiscales por 74,000 millones de pesos en el 2007.

Al participar en la mesa de debate “Secreto Fiscal: Comentarios a la Resolución del IFAI”, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el comisionado, quien emitió la resolución en contra del SAT, reiteró la necesidad de conocer el nombre y el monto del crédito fiscal cancelado para evaluar y confirmar que no hubo favoritismos ni discrecionalidad.

Explicó que en caso de la cancelación de créditos, el único mecanismo para que la sociedad evalúe si el SAT está cumpliendo con su atribución de evitar la evasión y elusión fiscal, es conocer a quiénes les ha cancelado adeudos.

Por su parte el administrador jurídico del SAT, Jesús Rojas Ibáñez, afirmó que la dependencia se apegará al secreto fiscal para no revelar los nombres de los contribuyentes a los que se les cancelaron créditos fiscales.

“Estamos ante la presencia de una reserva absoluta. No podemos violentar esa parte”, afirmó.

Al presentar sus argumentos, el funcionario matizó que la secrecía es una reserva para el ciudadano y no para la autoridad.

SAT se apega al Código Fiscal

Por ello, dijo que el órgano recaudador de impuestos se apegará al artículo 69 del Código Fiscal que los obliga a guardar la confidencialidad.

Además se debe tomar en cuenta la protección de datos personales, porque al revelarlos puede colocar a un causante en condiciones competitivas diferentes.

En su oportunidad, el comisionado Ángel José Trinidad criticó el absolutismo para guardar el intocable secreto fiscal, pero por otro lado la ley dice que se puede romper por acuerdo del Secretario de Hacienda: “Ésa sí es absoluta discrecionalidad”.

Insistió en que la resolución es sólida y que el binomio monto-nombre dará elementos para confirmar que no hubo discrecionalidad.

“El monto me parece exorbitante”, estimó el comisionado, al manifestar que si bien se informó al Senado, sólo se cubrió la forma pero no el fondo y no se cumplió con el Artículo 6 de la Constitución para contribuir de manera equitativa al presupuesto.

Cheque en blanco

Advirtió que al no atender la solicitud se está cayendo en una transparencia opaca o difusa, como lo dicen los expertos.

Para el constitucionalista, Miguel Carbonell, independientemente de que se dude sobre la identidad de los beneficiarios, la ciudadanía no está en la postura de dar cheques en blanco: “Todos los poderes deben estar bajo la mirada”.

El hecho, indicó, es que mientras que nos subieron el IVA y el ISR porque no hay recursos y se recortó el gasto, por otro lado se cancelan 74,000 millones de pesos que equivalen a tres veces el presupuesto de la UNAM.

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