El Poder Judicial mexicano carece de jueces especializados en juzgar el delito de lavado de dinero, consideró Daniel Gabriel Ávila Ruiz, presidente del Comité Directico del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Para el Diputado panista éste es un punto a tomar en cuenta para combatir en el país el lavado de dinero de forma integral, al requerirse especialistas en la materia, tanto en el Poder Ejecutivo como del Legislativo y Judicial.

“En general, necesitamos más personas capacitadas en estos temas tan técnicos, en los tres órdenes de gobierno”, aseguró Ávila.

De esta forma, Ángeles Mascott, directora del CESOP, estableció que de acuerdo con la información obtenida por el Centro, desde el 2002 a la fecha, la PGR ha levantado por denuncia de la Secretaría de Hacienda (SHCP) 71 averiguaciones por lavado de dinero, pero sólo 20 de ellas han obtenido sentencia en tribunales de circuito.

Por su parte, el GAFI, instituto dependiente del FMI, especializado en el combate al delito de lavado de dinero a escala global, establece en su informe para México en el 2008: “Los delitos del lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, las autoridades solamente han obtenido 25 sentencias por lavado de dinero desde 1989, cuando se criminalizó esta actividad”.

A través del estudio “El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas” del CESOP, se detalla que cifras de la propia PGR revelan que la mayoría de las sentencias obtenidas en el 2007 por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero en aeropuertos del país, durante operativos contra el crimen organizado, o bien, por denuncias anónimas.

En consecuencia, explica el análisis, las sentencias son generalmente bajas, pues en estos casos se tipifican modalidades como el transporte o la custodia de dinero y sólo en casos claramente vinculados con alguna organización criminal se consigna por delincuencia organizada.

Para Daniel Gabriel Ávila Ruiz, la estrategia a seguir es coordinarse los tres poderes de la Unión, realizando sus tareas en sus respectivos ámbitos, pero compartiendo información que lleve a atacar el problema desde la vigilancia, investigación, control y sentencia a los delincuentes, apoyados por leyes y normas adecuadas al delito.

“Una posible solución para la capacitación de todas las personas que están involucradas es una coor­dinación entre los gobiernos de varios países para establecer los diferentes esquemas en el que se llevan a cabo el delito y compartir experiencias”, recomienda el Diputado.

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