El error de comunicación cometido por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al -primero- dejar abierta la posibilidad de que en el próximo Presupuesto se diera una disminución en impuestos para después negarlo, tiene de fondo algo más que el yerro de la inexperiencia.

Como ha sido señalado desde la oposición, en el presente año el paquete fiscal debería incluir una reducción de impuestos, básicamente porque el aumento previo se dio por el argumento de que el país estaba en una profunda crisis económica.

Hoy, y de acuerdo con los propios dichos del gobierno federal, México se encuentra en franca recuperación y genera una cantidad histórica de empleos, situación que elimina la necesidad de mantener impuestos elevados.

Sin embargo, la postura de una reducción en los gravámenes no saldrá del Poder Ejecutivo ni del partido en el poder, ello se puede apreciar por la rápida descalificación que han hecho de la idea, al llamarla irresponsable.

Su posicionamiento es simple y ha sido repetido por los últimos gobiernos, las finanzas públicas son débiles y se necesita una reforma fiscal que les dé solvencia.

En palabras llanas, el telón de fondo es que ante la incapacidad de reducir gastos innecesarios, al tener un ejercicio presupuestal ineficiente e ineficaz, y al no poder impulsar un crecimiento económico sustentado en la economía formal, lo que el aparato oficial busca es la solución técnica más fácil, aunque en estos momentos políticamente sea muy difícil subir impuestos.

Ante la limitante que les impone la agenda electoral, lo más que se atreven a señalar es que la propuesta no incluirá un alza en tributaciones.

Sin embargo, en la práctica el incremento a los precios de las gasolinas y diesel juega un rol secundario, pero no por ello menos indicativo de la urgencia del gobierno por recaudar dinero, y aquí la pregunta es para qué lo quiere.

Sin una ejecución de proyectos de infraestructura bien orientados, de un aumento en el valor agregado que la actividad del gobierno genera, sin eliminar los problemas de corrupción e ineficiencia de poco sirve aumentar los ingresos del gobierno.

De igual forma ocurre cuando se analiza que casi 300,000 millones de pesos van al pago de intereses causados por la deuda y otros pasivos que se han acumulado en las diversas gestiones públicas.

Hoy el gobierno debe postular un cambio radical, pero debe comenzar desde adentro, de la estructura y gestión.

Sus limitaciones son causa de sus necesidades y la población no debe seguir pagando por los errores de sus gobernantes.

*El doctor José Luis de la Cruz Gallegos es director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.

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