La Secretaría de Hacienda informó al Senado que para tutelar la nueva política de combate al blanqueo de dinero y financiamiento al narcotráfico que propuso el presidente Felipe Calderón no necesitaría recursos, sino únicamente la reconducción de 4 millones de pesos de su presupuesto anual.

La Secretaría de Hacienda, que encabeza Ernesto Cordero, envió ayer al Senado un oficio, donde explica que en caso de que se apruebe la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos e Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, tendría que canalizar 4 millones 540,734.07 pesos para el pago de 10 personas, que ya cuentan con plaza, pero se asumirían nuevas atribuciones.

Destaca que en esas 10 plazas se tendrían que atender la recepción de reportes de operaciones sospechosas de ilícitos por parte de nuevos sujetos obligados como notarios, contadores y abogados, entre otros.

También estarían encargados de requerir información y documentación a los sujetos obligado; coordinarse con las autoridades de procuración de justicia, nacionales y extranjeras, sancionar omisiones de los obligados y establecer el registro de personas inhabilitadas por no acatar las normas sobre combate al lavado de dinero, entre otras funciones.

“No hay, según Gobernación, destinos específicos de gasto público y las nuevas atribuciones se llevarán a cabo sin incrementar el techo de gasto y no se prevén disposiciones que incidan en la regulación en materia presupuestaria, organizacional”, precisa el oficio de la SHCP.

La dependencia precisó que de aprobarse las iniciativas del presidente Calderón, no implicarán la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones, ya que no requerirá de nuevas plazas, arrendar o comprar un bien inmueble ni adquirir bienes muebles.

El coordinador del PRI y presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que su partido apoyará “todas las iniciativas que modernicen la legislación vigente y eviten el lavado de dinero.

Sin embargo, precisó que el Senado deberá ser cuidadoso “particularmente que el destinatario de todas estas modificaciones, sea el delincuente; sea todo aquel que intente poner dinero a disposición de la corrupción o el desorden público”.

Dijo que el Senado deberá ser vigilante de que “una legislación de esta naturaleza no esté en sentido contrario a los intereses de mucha gente de bien, que hace su trabajo cotidianamente y que lo que quiere ver en el futuro son menos trabas”.

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