En medio de la controversia entre el SAT y el IFAI por créditos fiscales cancelados en el 2007 por 73,960 millones de pesos, este 31 de octubre vence el plazo para que la Secretaría de Hacienda entregue al Congreso un informe detallado sobre los que se anularon en otros periodos.

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) indica que el reporte deberá contener: sector, actividad, tipo de contribuyente, porcentaje de cancelación y las causas que originaron su no cobro.

Cabe destacar que en la iniciativa de Ley de Ingresos del 2011 no se prevé esta obligación contenida por lo general en el articulado, dado que tendría que ser aprobado por el Congreso.

El artículo 15 de la LIF del 2010 faculta a las autoridades para llevar a cabo cancelaciones de créditos fiscales, cuyo cobro le corresponde efectuar en los casos que existe incosteabilidad.

Para que un crédito sea considerado así, la autoridad debe evaluarlo de acuerdo con varios requisitos como monto, costo de las acciones de recuperación, antigüedad y probabilidad de cobro del mismo.

Se establece que el Servicio de Administración Tributaria se sujetará a los lineamientos de la ley para determinar los casos o supuestos en los que se procederá la cancelación.

También se enfatiza que la cancelación no libera la obligación de pago. En marzo pasado, el IFAI resolvió que procedía que se hicieran públicos los nombres de los contribuyentes beneficiarios de la cancelación de créditos fiscales.

Sin embargo, el órgano recaudador de impuestos adujo que estas personas no pueden ser denominados “beneficiarios”, pero en su resolución, el comisionado Ángel Zaldívar indicó que con independencia de la denominación de dichas personas físicas y morales, la información existe en los archivos del SAT.

También argumentó que estaba impedido de revelar dicha información al existir el impedimento que tienen por medio del secreto fiscal, de hacerlo se violaría la ley.

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