Senado aprueba ley contra lavado de dinero

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Jorge Monroy / El Economista

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El Senado de la República aprobó ayer por unanimidad la ley antilavado de dinero, que dará dientes al gobierno federal desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la PGR para rastrear nacional e internacionalmente en bancos, casas de cambio, inmobiliarias, hipotecarias, joyerías, constructoras, distribuidoras automotrices y casas de juegos el dinero del narcotráfico y el crimen organizado.

El gobierno federal, advirtieron senadores, debe privilegiar la inteligencia que ofrecerá esa norma en lugar de la lucha armada con el crimen organizado.

“Con esta ley, el Estado mexicano va a tener un instrumento para combatir al crimen organizado. No necesitará disparar una bala. Para congelar una cuenta bancaria, producto del crimen organizado, lo que se requiere es inteligencia, no armas ni balas. Es por eso que es tan importante esta Ley, porque va a permitir al Estado mexicano tener un instrumento que no va a tener efectos o daños colaterales", dijo en tribuna Santiago Creel (PAN).

Pablo Gómez (PRD) dijo: “Es una típica ley de Estado policiaco, convierte a los intermediarios financieros y a una serie de empresarios que tienen relación con el público -a notarios, corredores, comerciantes de metales, a otras empresas- en auxiliares de una acción policiaca”.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, aprobada por 84 votos en favor, cero en contra y turnada a la Cámara de Diputados, prohíbe liquidar o pagar en efectivo -aunque no mediante transferencia bancaria- compra de bienes inmuebles por un monto superior a 1 millón de pesos; venta de vehículos, nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres por 400,000 pesos; compra de relojes, joyería, metales y piedras preciosos -ya sea por pieza o por lote- y de obras de arte, por 300,000 pesos. También la adquisición de boletos de juegos con apuesta o sorteos por 200,000 pesos y servicios de blindaje por 200,000 pesos.

Prevé la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada a cargo de la SIEDO de la PGR, pero conserva que sea la SHCP la dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero.

Para no poner en peligro a notarios, corredores, fedatarios públicos y abogados al reportar actividades sospechosas vinculadas a la delincuencia, ese grupo de profesionales podrá reportar actividades específicas que puedan ser susceptibles de vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado, como los juegos de apuestas, compra-venta de bienes muebles e inmuebles, pero mediante una entidad colegiada.

Se eliminan las sanciones penales en su contra para dejarlas en sanciones administrativas y económicas cuando falseen, impidan u omitan entregar la información.

Se insertó a los bancos como corresponsables de combatir ese delito, a través de reportes a la autoridad y de conocer a detalle la fuente de financiamiento de sus clientes.

jmonroy@eleconomista.com.mx