La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal a que -a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- entregue un informe detallado en un plazo máximo de una semana, contado a partir de ayer, sobre la situación actual de la deuda pública federal, estatal y municipal.

El reporte deberá incluir información de las implicaciones económicas y jurídicas que las situaciones irregulares en el manejo de la deuda pública puedan provocar en el país; de los mecanismos de prevención y control que se proponen para controlar el endeudamiento excesivo, en el ámbito de su competencia, y de los avances que se tienen en las investigaciones del caso Coahuila, para saber si se trata de un asunto aislado o se está presentando en otras entidades federativas del país.

Según el acuerdo promovido por el PRD, a diciembre del año pasado los pasivos de los ayuntamientos ascendieron a 36,708 millones de pesos, cifra que representa 11.65% del endeudamiento total de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, que suma 358,501 millones de pesos al tercer trimestre del 2011.

Coahuila, el ejemplo

Los perredistas pusieron como ejemplo de opacidad, abuso de poder y corrupción, el caso de la deuda pública de Coahuila, contraída de manera irregular durante la gestión del entonces Gobernador Humberto Moreira y cuestionaron si habrá más entidades federativas que se encuentren en las mismas circunstancias, con un monto de deuda registrada ante Hacienda y otra real, que pongan en riesgo la estabilidad financiera no sólo de los estados, sino de todo el país.

Piden más vigilancia

Si desde San Lázaro no se pone mayor atención a los créditos bancarios emitidos a los estados, se corre el peligro de incurrir en un segundo Fobaproa, advirtió la diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Esthela Damián.

Agregó que si bien no es posible erogar el secreto bancario en México, sí se puede endurecer la normativa necesaria para que la banca emita créditos a los gobiernos locales.

Acotó que si no se quiere repetir la historia del Fobaproa, en el cual la deuda privada terminó por convertirse en pasivos públicos, el Congreso debe hacer válidas sus potestades para llamar a rendir cuentas a los funcionarios federales.

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