se analiza entre el gremio
Cambio en SHCP retrasó un año iniciativa fintech
Los actores del ecosistema fintech solicitan que la legislación no inhiba las nuevas tecnologías.
Vanessa Rubio adelantó algunos aspectos de la ley, como el Consejo de Tecnología Financiera. Foto: Notimex
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Desde hace casi un año, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estaba bajo el mando de Luis Videgaray, esta dependencia ya tenía listo el proyecto de ley que regularía a las financieras tecnológicas (fintech), pero la transición en dicha oficina retrasó su presentación al Congreso de la Unión para su discusión y posterior aprobación.

En agosto del 2016, los representantes del ecosistema fintech esperaban que el proyecto de la Ley de Tecnología Financiera (Ley Fintech) fuera llevado en el menor tiempo posible al Congreso de la Unión por Luis Videgaray, en ese entonces todavía secretario de Hacienda; sin embargo, esto no sucedió.

Este cambio de titular en la dependencia hizo que el nuevo equipo de la SHCP, encabezado por José Antonio Meade Kuribreña, revisara a fondo el proyecto que había dejado Luis Videgaray, lo que generó cambios a la iniciativa y retrasó su llegada al Congreso de la Unión, con la finalidad de que la autoridad no diera un paso en falso en el tema.

Actualmente, este anteproyecto ya modificado por el equipo de Meade Kuribreña y el cual se presentó en marzo pasado a diversas asociaciones de instituciones financieras, se encuentra en discusión entre el gremio financiero con la finalidad de que se presente en el nuevo periodo de Legislativo, que iniciará en septiembre próximo.

El marco normativo busca aumentar la inclusión financiera, proteger al consumidor, preservar el sistema financiero promover la competencia y prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El anteproyecto

El anteproyecto elaborado por el equipo de Luis Videgaray cuenta con 75 artículos y cuatro transitorios, mientras que el de Meade Kuribreña contiene 143 artículos y nueve disposiciones transitorias.

Aunque la esencia de ambos proyectos es la misma, pues los dos se basan principalmente en cuatro segmentos (las plataformas de fondeo colectivo o crowdfunding, las de fondos de pago electrónico, las de activos virtuales y el espacio para empresas innovadoras), el anteproyecto de Meade Kuribreña contiene artículos que acotan más los términos así como el actuar de la autoridad.

Por ejemplo, el título II del anteproyecto de Meade Kuribreña, el cual abunda sobre las operaciones de las plataformas fintech, contiene más detalles que el documento de Videgaray respecto a la información que estos actores deberán proporcionar a sus clientes.

“Ni el gobierno federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes, así como tampoco asumir responsabilidad alguna por las obligaciones contraídas en virtud de las operaciones”, se puede leer en el artículo 11 del título II del proyecto de Meade Kuribreña referente a la forma de operar de estas plataformas tecnológicas.

Asimismo, el documento revisado y modificado por el equipo del secretario Meade Kuribreña indica que las plataformas deberán incorporar en su denominación las palabras “institución de financiamiento colectivo”, “de fondos de pago electrónico” o “de administración de activos virtuales”, según sea el caso.

Proponen creación de consejo técnico

Otro cambio del proyecto del secretario Meade respecto al de Videgaray es la creación del Consejo de Tecnología Financiera. Se trata de un espacio para el diálogo entre el sector público y privado para intercambiar ideas así como para planear el desarrollo y regulación ordenados del ecosistema fintech.

Al respecto, la subsecretaria de hacienda, Vanessa Rubio, dijo durante la pasada Convención Bancaria que para iniciar una buena regulación sobre las fintech, la propuesta de ley contempla la creación de diferentes instituciones de tecnología financiera como un consejo fintech.

“Se regularán actividades como el financiamiento colectivo, los fondos de pagos electrónicos y la administración de activos virtuales (...) Nos estamos preparando para estar a la vanguardia regulatoria para generar iniciación, competencia, piso parejo, inclusión financiera y protección al consumidor”, precisó la funcionaria de Hacienda.

Ahí, Rubio aclaró que el marco legal va a ser general, que permita darle cause a los principales actores de esta industria fintech y también regular aspectos como la protección de los usuarios, divulgación de la información, registro de los participantes y sobre todo impulsar la inclusión financiera.

Piden “no matar la innovación”

Para los actores del ecosistema 
fintech, un requisito que debe contener la iniciativa es que no inhiba la operación de estas plataformas, pide que “no mate la innovación”.

La reciente propuesta que se discutió ya con algunos participantes de la industria fintech ha sido vista por algunos participantes del sector con ciertas barreras para el nacimiento de este tipo de plataformas, como por ejemplo, el hecho de tener que solicitar autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuando una fintech pretenda recabar el equivalente a más de 5% de su capital por parte de algún fondo de inversión.

En la actualidad, el ecosistema fintech en México es considerado el más grande de América Latina, pues se tienen identificadas en el país 238 plataformas divididas en 11 segmentos, por lo que para las autoridades es necesaria una regulación que ponga a México a la vanguardia en este tema.

Además, México es uno de los países donde el potencial es mayor.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx

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